La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que derogue el decreto de viviendas con fines turísticos pues es "laxo" y no ha servido para regularizar este tipo de alojamiento que ha llevado a un "efecto manada" en destinos como el granadino, en el que se dan algunas primeras "señales de turismofobia".
Así lo han planteado los presidentes de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, y de la Asociación de Hospedaje, Gerardo Castilla, tras la reunión anual de la mesa para combatir los alojamientos clandestinos, la competencia desleal y otras formas de establecimientos-personas que prestan servicios turísticos, en la que han participado las administraciones con los empresarios.
La petición, que se va a formular a través de la federación andaluza del sector, pretende que el sector se regule a través del decreto de apartamentos turísticos, modificando la norma para que encuadrarse en esa figura sea posible teniendo una unidad de alojamiento, en vez de tres como ahora, según han explicado.
A su vez, han pedido "una norma homogénea para todo el país", además de "llevar a cabo un estudio pormenorizado a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para solucionar este gravísimo problema".
Gerardo Castilla ha detallado que hay empresarios de pisos residenciales que lo han pasado todos al uso vacacional obteniendo un resultado económico que es "el doble", estimándose también que la ocupación es mayor que el de los alojamientos hoteleros tradicionales, incluso en un mes como enero, cuando estos últimos han tenido una ocupación de un 35 por ciento, sin completar ningún fin de semana.
De cara al visitante, se ha creado una "burbuja" y un "efecto llamada" o "efecto manada" con un "decreto laxo" que la Junta apuntó que se revisaría tras su puesta en marcha, ha mantenido Castilla, quien ha apuntado a que empieza a haber "señales de turismofobia" en el centro de ciudades como Granada ante la masificación que conlleva este turismo.
No hay "vocación de economía colaborativa" tras esta actividad, ha explicado Trinitario Betoret, quien ha aludido a que este tipo de plazas "legales o ilegales" --que pueden ser algo más de 15.000 en Granada-- superan ya las de los hoteles.
Ha agregado que no es posible cuantificar el dinero que genera esta actividad que se encuadra muchas veces en la "economía sumergida" y que "hace daño" a la "tradicional", y "no genera prácticamente puestos de trabajo de alta", ni redunda en la "redistribución de riqueza".
Para Betoret, los efectos trascienden a lo estrictamente turístico, pues se ha consolidado una nueva "burbuja inmobiliaria" ante la que empieza a haber dificultades para, según ha explicado, encontrar alquileres asequibles en el centro de Granada "e incluso en los alrededores" para uso residencial.
Incluso ha comenzado a pasar que "un estudiante tenga dificultades para encontrar una habitación o piso para poder estudiar en Granada", han señalado desde la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, que ha planteado un plan de acción que, en el ámbito local, propone un control del consumo de agua en viviendas no habitadas o establecer un calendario de visitas nocturnas a estas viviendas, entre otras medidas.
Asimismo, se plantea promover la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en esta materia, y la necesidad de que el propietario de una vivienda de uso turístico tenga que darse de alta como empresario turístico "con las mismas obligaciones que los empresarios en esta materia". Además, se apuesta por "modificar a través de la FAMP la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades recojan en sus estatutos el veto a los vecinos que deseen convertir su vivienda en vivienda de uso turístico", que "debe de ser legalizada".
