La Justicia da cinco años a El Calabacino para legalizar su situación

El Juzgado de lo Penal 4 de Huelva ha condenado hoy a un año y seis meses a una pareja, con dos hijas de 3 y 5 años, por construcción ilegal de una casa en la aldea rural de El Calabacino, en Alájar (Huelva) -suelo protegido-, y ha suspendido su ejecución por cinco años a la espera de que pueda ser legalizada.

Esto forma parte del acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía de Huelva antes de la celebración del juicio fijado para esta mañana, que supone la reducción en seis meses de la pena de dos años de prisión solicitada inicialmente por el fiscal; se les impone además el pago de una multa de 1.800.

El abogado de los acusados, Ignacio Martínez, ha explicado a Efe que se ha podido llegar a ese acuerdo porque tanto la Fiscalía como el juez "han entendido que el Ayuntamiento de Alájar está inmerso en una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que puede llevar a la legalización de la vivienda", levantada en superficie del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Por ello, ha añadido, a partir de ahora y durante el período de suspensión de la condena, se trabajará tanto con el Ayuntamiento como con la Consejería de Medio Ambiente para que pueda ser así ya que, como ha recordado, se trata de la residencial habitual de la familia".

Se da la circunstancia de que hay otras 24 familias, que conforman la comunidad de esta 'ecoaldea', en la misma circunstancia que ésta y que están a la espera de juicio, por lo que el letrado confía en que en el resto de causas se siga el mismo procedimiento.

Se considera probado que lo acusados, esposos y padres con dos niñas de 3 y 5 años, han construido, en calidad de promotores/constructores, una vivienda en una finca de Alájar que adquirieron en 2015, haciéndose constar en la escritura pública la inexistencia de edificación alguna.

Esta edificación se ubica en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del "Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche" (Zona C), por lo que los acusados no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Las obras, iniciadas en 2015 están casi terminadas y se realizan para vivienda habitual de los denunciados y sus hijos menores en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del Parque Natural.

Para la construcción se ha utilizado gran parte de paja y madera lo que supone un grave riesgo de incendio.