La Junta afirma que está logrando, a través de las distintas medidas puestas en marcha, "acotar el cerco" a las viviendas con finalidad turística que operan en Granada sin estar dadas de alta en el Registro de Turismo, con un volumen de entre cuatro y seis sanciones semanales por este motivo.
Además de las labores de inspección, las negociaciones a "distintos niveles" que se han llevado a cabo en los últimos meses con las principales plataformas de alquiler vacacional también están dando sus frutos.
Según ha relatado a Europa Press el delegado territorial de Turismo, Guillermo Quero, las plataformas están comunicando a los particulares la exigencia de que las viviendas estén inscritas en el registro de turismo para cumplir con la normativa autonómica, y en la Delegación están registrando un aumento de entradas de propietarios que están regularizando esa situación.
La Junta participó el pasado lunes en la mesa de trabajo puesta en marcha por el Ayuntamiento de Granada para abordar la problemática de las viviendas ilegales con uso turístico y el delegado se muestra partidario de "aprovechar esta complicidad" entre administraciones para intensificar la identificación de las mismas con la colaboración de la Policía Local.
Quero recalca que el que la gente alquile sus casas por periodos cortos de tiempo sin que haya registro de ello, no sólo conlleva que se incumplan las exigencias para garantizar la calidad del destino, sino que también es problemático en términos de seguridad. Y es que los cuerpos y fuerzas de seguridad desconocen quién y cuándo entra a Granada a diferencia de lo que ocurre con hostales, hoteles y apartamentos turísticos, que sí trasladan sus registros de entrada y salida de clientes.
Éste es uno de los aspectos que "también se está consiguiendo mejorar" con el decreto de viviendas con finalidad turística puesto en marcha por la Junta para regularizar el sector, aunque el delegado cree que "lo lógico" es que se impulse también una normativa de carácter estatal para homogeneizar criterios contra este "fenómeno global" que afecta a todas las comunidades autónomas.
