La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) manifestó ayer que la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Sevilla de modificar el PGOU para tratar las viviendas turísticas como hospedaje ubicado en “suelo terciario” y ceñidos a licencia de actividad “no tiene validez jurídica”.
“El Decreto 28/2016 define la Vivienda con Fines Turísticos como aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial”, señaló Carlos Pérez-Lanzac, presidente de dicha asociación.
La medida fue presentada tras la reunión de la Mesa para la Lucha contra la Oferta Ilegal celebrada el martes con el concejal de Hábitat Urbano y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. En ésta participaron representantes de la Policía Nacional, Policía Local, Unidad Adscrita, Junta de Andalucía, Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo, Turismo, Asociación de Hoteles y la AVVA como invitado.
El delegado Antonio Muñoz constató “una reducción de la oferta ilegal de viviendas turísticas como consecuencia del aumento de los controles y de los acuerdos alcanzados con las principales plataformas digitales, que han permitido la exclusión de todas aquellas viviendas que no cuenten con autorización y no estén inscritas en el registro autonómico”. Además, durante la Mesa se pudieron conocer más datos sobre la situación actual de las Viviendas Turísticas en Sevilla aportados por la Policía Local de Sevilla, indicando que únicamente se han registrado 42 intervenciones identificadas sobre problemas de convivencia en los últimos 8 meses.
“Cualquier iniciativa que restrinja los derechos de los ciudadanos debe estar justificada y cumplir con criterios de necesidad y proporcionalidad,” dijo Pérez-Lanzac, que valoró de forma positiva el Decreto andaluz y las iniciativas llevadas a cabo para la lucha contra la oferta ilegal. Si finalmente la propuesta sale adelante, AVVA presentará alegaciones.
En ese sentido, Muñoz dijo ayer que aboga por “regular pero sin prohibir” los pisos turísticos, “hilando muy fino” para que la justicia no tumbe las medidas, “pero sin dejar que esto sea un campo sin vallar”, por lo que reclama un marco estatal ante unas viviendas para las que en año y medio se han entregado 1.500 licencias.
