La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar 15 años y siete meses de prisión para V.G.H.M., el hombre de 63 años identificado como el responsable "por delegación" de una entidad de Vícar (Almería) acusado de exigir relaciones sexuales a mujeres en situación de exclusión social a cambio de alimentos, a lo que muchas de ellas se veían obligadas a acceder debido a su precaria situación.
El Ministerio Público acusa al procesado de los delitos continuados abuso sexual, acoso sexual y apropiación indebida, ya que según las pesquisas policiales que siguió la Guardia Civil de Vícar, además se habría hecho con unos 4.304 euros en productos procedentes del Banco de Alimentos entre los años 2016 y 2017 que no llegaron nunca a ser entregados a sus beneficiarios.
Según el escrito de acusación provisional, el hombre se habría hecho cargo desde 2014 de la inscripción, recogida, almacenamiento y entrega de alimentos a personas en situación de exclusión, asumiendo el control de dicha actividad "como figura visible de la Iglesia Evangélica La Puerta".
Desde tal posición, el hombre "se ponía en contacto con diversas mujeres que se encontraban en extrema situación de precariedad" a las que "exigía mantener con él relaciones sexuales a cambio de alimentos, dinero u otro tipo de ayuda", según sostiene la Fiscalía, que apunta que el acusado se aseguraba el consentimiento de ellas "por la situación crítica de necesidad" que padecían, dado que algunas de estas mujeres tenían hijos a su cargo y ningún tipo de sustento básico.
En esta línea, el acusado denegaba o retiraba dicha ayuda si las mujeres, algunas de ellas también con discapacidad, rechazaban acceder a sus peticiones, de forma varias víctimas quedaron fuera del programa de alimentos o recibieron una aportación menor de la que les correspondía tras oponerse a los intercambios sexuales.
La Fiscalía detalla varios casos de mujeres a las que el acusado proporcionó alimentos que almacenaba en el garaje de su propia vivienda, fuera de la asignación oficial, para "ganarse su confianza" y posteriormente presionarlas con "insistentes llamadas" e insinuaciones para que tuvieran relaciones con él a cambio de más alimentos e incluso, pequeñas cantidades de dinero que oscilaban entre los 15 y los 20 euros. El acusado suspendía la entrega de comida cuando las mujeres se negaban a mantener dicha situación.
Además, el acusado habría reclamado a varias personas una cantidad de cinco euros como condición previa necesaria para obtener la inscripción en el programa de asignación de alimentos.
ALIMENTOS CADUCADOS O SIN REPARTIR
En el marco de la operación 'Asuero' que propició la detención del sospechoso, la Guardia Civil encontró en mayo del pasado año alimentos que debían haber sido repartidos antes del 31 de diciembre a las personas incluidas en los listados aprobados por el Ministerio, en condiciones de "insalubridad" y, en algunos casos, con la fecha de caducidad cumplida.
En su condición de voluntario, el hombre "se quedaba con parte" de los productos remitidos por el Banco de Alimentos, que no llegaban "en su totalidad" a los legítimos beneficiarios, entre 35 y 30 personas según el periodo del año.
La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en enero por una de las víctimas, que relató su "extrañeza" ante el hecho de que no recibiese "siempre la misma cantidad de alimentos" y de que esta fuera diferente a la que recibían "algunas de sus vecinas en su misma situación, que variaba mucho".
La mujer contó, asimismo, a los agentes de la Guardia Civil que, dada "su situación de extrema vulnerabilidad y sus problemas personas", había tenido que acceder a tener sexo con el detenido. "En esas ocasiones constató que recibía más comida", ha añadido.
Los agentes tomaron manifestación a 30 personas, de las que 24 confirmaron que recibían menos alimentos de los que debían recibir y seis mujeres reconocieron que, por su situación, habían accedido a mantener relaciones sexuales con él a cambio de la comida.
La Fiscalía, que interesa la declaración como testigo de más de 17 personas de cara a la vista oral, pide para el acusado además una multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios, el alejamiento sobre algunas de las víctimas de más de 500 metros durante diez años y una indemnización al Banco de Alimentos por una cuantía de 3.404 euros.
