Los colegios católicos crean un protocolo ante casos de abusos

 Escuelas Católicas, que integra a 2.000 centros educativos en España, ha elaborado un protocolo de actuación ante posibles casos de abusos a menores en centros escolares o instituciones religiosas, con el objetivo de proteger a los alumnos menores de edad de una situación de abuso o maltrato.

Según ha explicado este lunes a Efe el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, la elaboración de este decálogo de actuación -que se ha enviado a los directores de todos los centros educativos dependientes de esta organización-, surge de la reunión convocada por el papa en el Vaticano para abordar la cuestión de los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica.

"Una vez pasado el encuentro (en el mes de febrero) y a la espera de que la Conferencia Episcopal Española saque un documento más amplio, nos hemos visto en la obligación y conveniencia de editar este protocolo que resume los pasos que nosotros venimos aconsejando desde 2016 a nuestros directores", explica Centeno.

Este decálogo insta a aquellas personas que hayan observado indicios o hayan recibido una denuncia (tanto de hechos actuales como pasados) a comunicarlo "lo antes posible (preferiblemente antes de 24 horas) a sus superiores".

Recomienda una investigación interna para realizar un análisis de las acusaciones realizadas, su alcance y consecuencias, respetando la voluntad de las posibles víctimas y el derecho de presunción de inocencia.

Si se tiene constancia de un daño a un menor, se deberá informar directamente a la Fiscalía y, si no fuera posible, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. En el caso de que sea un religioso o sacerdote, se informará también a la jerarquía eclesiástica de acuerdo con las normas canónicas.

"Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso", subraya el decálogo.

Insta a la creación de un Comité de Crisis que ante un caso de abusos se reforzará con las personas como el director del centro, el superior provincial o delegado, el director o coordinador general de fundaciones, el obispo o un vicario, un abogado y un experto o técnico, como por ejemplo un orientador o psicólogo. 

En cuanto a la víctima, el protocolo indica que una persona con autoridad moral deberá hablar con ella y con su familia, se asegurará de que ésta no corre peligro inmediato y se averiguará su estado físico y emocional, poniendo a su disposición la que precise.

"Le mostrará en todo momento comprensión, no juzgará, ni pedirá detalles morbosos. Es importante que la víctima se sienta creída y protegida, independientemente de que una ulterior investigación confirme o desmienta lo denunciado", destaca.

Si el presunto agresor está en contacto con menores, el centro deberá alejarlo de ellos temporalmente (independientemente de cuándo se produjeron los hechos denunciados, de la edad del denunciado o del cargo que ocupe en ese momento).

En el momento de presentar la denuncia o comunicación, se puede solicitar también una orden de protección, recomienda.

"De poco valen las palabras si no van acompañadas de acciones que las avalan y les dan credibilidad. Aún en el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito hay que tener en cuenta que las víctimas merecen el reconocimiento de su dolor", señala.

Del mismo modo, se debe atender a los acusados, tanto si se confirma la acusación como si no.

El protocolo insta a comunicar los hechos y pedir públicamente perdón a la víctima y su familia y recomienda asesorarse con organizaciones de la infancia especializadas en estos casos como Unicef, Save The Children, o la Fundación ANAR.

"Se tomarán medidas para impedir que vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza en un futuro", indica.

Escuelas Católicas supone el 15 % del total del sistema educativo y el 58 % de la enseñanza privada concertada y en estos centro se educan 1.204.179 alumnos.