Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial celebraron el 24 de septiembre del año pasado la sesión constitutiva del Consejo, en el que eligieron por unanimidad presidente de esta institución y del Tribunal Supremo (TS) a Carlos Dívar.
Este órgano logró así renovarse tras casi dos años de retraso, a causa del desacuerdo existente entre los dos grandes partidos políticos, y sus primeros pasos ya fueron difíciles al tener que pronunciarse sobre la sanción impuesta por el anterior Consejo al juez de Sevilla Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
Dos días antes de Navidad, los vocales de extracción judicial impusieron su mayoría y confirmaron la multa de 1.500 euros impuesta al juez sevillano, con lo que evitaron que fuera suspendido.
Dos meses después, el 18 de febrero, las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente convocaron la primera huelga de jueces de España.
Desde el Consejo se lanzó en numerosas ocasiones el mensaje de que ni los jueces ni los fiscales tenían reconocido el derecho de huelga, aunque Dívar defendió en el Congreso las reclamaciones, a su juicio no corporativas, que llevaron a parte de la carrera judicial a secundar el paro.
El órgano de gobierno de los jueces estimó en el 35,38% la participación en el paro y aseguró que la había secundado una “minoría” de la carrera judicial, porcentaje que los convocantes elevaron hasta el sesenta por ciento.
El resto del año, el CGPJ ha tenido que tomar decisiones, entre otros asuntos, sobre varias denuncias contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En este sentido, archivó una del PP contra el juez por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo –que acabaría dimitiendo de su cargo–, así como la investigación sobre el dinero que recibió durante su estancia en Estados Unidos entre 2005 y 2006. También acabaron archivadas varias denuncias del PP contra Garzón por el caso Gürtel, aunque sí acordó multar al magistrado con 300 euros por dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos.
El ultimo escollo al que se han tenido que enfrentar los vocales del Consejo fue el anteproyecto sobre la Ley del Aborto, cuyo debate se quedó bloqueado al no conseguir aprobar un informe.
Ésta ha sido la primera vez en la historia del órgano de gobierno de los jueces, creado en 1980, que no emite un dictámen sobre una reforma legislativa.
El próximo año judicial también se adivina complicado para los integrantes del Consejo, puesto que la asociación de jueces mayoritaria en la carrera –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– ha convocado una nueva huelga para el próximo 8 de octubre. “Vamos a afrontar el segundo año con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar”, aseguró Bravo.
