Los empresarios del transporte de Almería unidos bajo la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) han impugnado el concurso público que, sobre rutas de transporte escolar, ha publicado recientemente la consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Almería al considerar que supone un "severo golpe" para el sector en la provincia.
Según argumenta la Federación en un comunicado, se trata del "único concurso que se va a realizar en Andalucía en este año" cuando existe posibilidad de prórroga en la contratación establecida. "Los que sufrirán este despropósito son los trabajadores y las empresas que han realizado importantes inversiones en el concurso que está ahora en vigor. Debemos recordar que son más de 1.500 familias en Almería que se van a ver afectadas", han incidido.
El nuevo concurso, según han observado, conllevará una "disminución de servicios que provocará la extinción de contratos de trabajo, tanto en conductores como en monitores de las rutas" toda vez que "la agrupación de las distintas rutas en lotes más grandes obligará a transportar conjuntamente a niños de primaria y secundaria, que tienen diferentes horarios y necesidades, afectando enormemente a los usuarios". Según sus cálculos, la reducción prevista en las rutas es de un 30 por ciento.
"Se saca un concurso para cuatro años, con nocturnidad y alevosía. Sin tiempo para analizar los pliegos y lo más importante, con dos millones de euros menos, esto nos pone a las empresas a los pies de los caballos, y tendrá graves consecuencias", han asegurado los representantes de Fedintra en Almería, para quienes la Junta trata de realizar el mismo servicio con "menos dinero".
Para los transportistas de viajeros de Almería esta licitación supone un "enorme perjuicio" que "pone en peligro la continuidad" de gran parte del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia, además de ser un "grave riesgo" para la calidad en los servicios que "en tan alto nivel están manteniendo los profesionales en los últimos años".
Junto con estos motivos argumentados por Fedintra, también han apuntado que "no está prevista que se pueda realizar una quita de unos dos millones de euros para una serie de servicios que, en el próximo curso, tendrá más usuarios".
Para los servicios jurídicos de la federación no existen criterios objetivos para interrumpir una prórroga como la que ahora rige este tipo de rutas. Las prórrogas son parte de las adjudicaciones y contratos públicos y tienen una serie de normas que se están incumpliendo, tanto en los plazos previstos por este concurso para la presentación de ofertas y otros pasos del proceso; como porque no existe modificación de paradas o recorridos", han valorado.
UN CONCURSO CON "IRREGULARIDADES"
Las condiciones del nuevo concurso presentan "irregularidades" a juicio de la federación, ya que la presentación de ofertas se ha de realizar en "sobres cerrados e independientes en alguno de los registros generales del órgano de contratación o a través de la oficina de correos y no por medios electrónicos" ya que no responde a ninguna de las excepciones recogidas en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Además, según han añadido, el plazo establecido para los contratos de obras, suministros y servicios "no responde a lo establecido en los apartados de la ley ya que el plazo podría haberse reducido, pero en ningún caso puede reducirse a tan solo diez días".
"Por estos ajustados plazos muchos empresarios se han visto obligados a pedir préstamos personales y a sacrificar la tesorería de la empresa ya que dada a la celeridad del concurso no se han podido tramitar los avales bancarios necesarios para poder concursar en la licitación", han asegurado.
Igualmente, tras el análisis de los precios efectivos de los servicios de transporte escolar en la provincia de Almería de los últimos cinco años, se ha comprobado que el valor estimado de los lotes "no se corresponde con el método de cálculo que se manifiesta en el pliego de condiciones administrativas", por lo que "no se ajusta a los precios habituales del mercado ya que el valor estimado para este contrato resulta disminuido en un 26 por ciento respecto al contrato de licitación de 2013 y en un 30 por ciento respecto del contrato de licitación de 2016".
Para los profesionales de transporte existen argumentos jurídicos para impugnar la licitación y solicitar al tribunal de recursos "la paralización del proceso" si no lo acuerda la propia Administración de forma cautelar.
