Uno de los investigadores del crimen de Lucía Garrido, hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, ha asegurado que la expareja de la mujer, que está acusado en este caso como supuesto inductor de la muerte, "sobreactuó" para "fabricar una coartada", que ha calificado de "muy exagerada", que lo situara lejos del lugar de los hechos el día en el que se produjeron.
Así lo ha declarado este agente de la Guardia Civil en el juicio con jurado por el asesinato de esta mujer, encontrada el 30 de abril de 2008 flotando en la piscina de la finca. En este caso están procesados cuatro hombres, entre ellos el exmarido, a quien por el momento no acusa la Fiscalía, pero sí las acusaciones particulares, que representan a la familia, por los delitos de asesinato en calidad de inductor y malos tratos habituales.
Así, este investigador ha explicado que les llamó la atención que en el viaje que el hombre hizo a Cádiz recogió y guardó los recibos de los peajes por los que pasó el día de los hechos y que repostó dos veces en poco tiempo en dos gasolineras, la primera sin cámara de seguridad y la segunda con dichas instalaciones.
"Lo que quería era tener fiscalizado el trayecto tanto por las cámaras de la autopista, de la gasolinera o presencialmente" con personas a las que iba a ver "sin motivo aparente" o a las que invitó para que hicieran el viaje con él, ha señalado. "Consideramos que sobreactuaba para conseguir un primer plano de las cámaras", ha apuntado.
Estas afirmaciones se contraponen con lo manifestado este pasado miércoles por el acusado, quien defendió en su declaración ante el jurado popular que normalmente realizaba esos viajes a Cádiz y que siempre realizaba el mismo recorrido y actuaba de la misma forma.
El investigador ha señalado que del lugar del crimen se extrae la conclusión de que "el objetivo único era la muerte de Lucía", porque no se observaron indicios de robo ni de otro móvil, apuntando que siempre consideraron que "le habían facilitado al autor la entrada a la finca" y que "era un supuesto inductor o un colaborador necesario".
Ha indicado que también investigaron los malos tratos y el acoso desde que se separó para que la mujer abandonara la casa y ha incidido en que "el objetivo era hacerle la vida imposible" a la víctima con determinados actos, por lo que ha dicho que ella "estaba sufriendo un infierno" y "temía por su vida".
Además, ha apuntado que el crimen se produjo el único día de la semana en el que la mujer tenía una rutina establecida. Otro agente que intervino en la investigación ha incidido en que por las pesquisas y el cruce de denuncias entre él y la victima "consideramos que él podía ser una persona interesada" en la muerte de la exmujer.
Al respecto, ha declarado que el hombre vivía en una casa alquilada y "se encontraba incómodo en esa situación", e iba ofreciendo la casa para su venta. Además, ha dicho que "se oía que iba diciendo que conocía a gente y que podía mandar a alguien que lo hiciera".
Por otra parte, los agentes que inspeccionaron la casa tras el crimen han defendido la validez de las pruebas obtenidas en el lugar, al señalar que estas tareas se hicieron "de forma minuciosa" y "exhaustiva" y que la cadena de custodia "se cumplió" en los efectos u objetos que se guardaron para la investigación.
En este sentido, han indicado que se siguieron los protocolos en cuanto a la llave que encontraron en el lugar, con la que supuestamente habría entrado el autor y en la que años después se halló ADN coincidente con el acusado como presunto autor material; al tiempo que ha apuntado que no encontraron dinero, como sí dijo el exmarido.
