El sindicato CSIF destaca que, por orden de prioridad, la reducción de ratios es una de las medidas consideradas más “urgentes” entre los profesionales de la Enseñanza. Estos datos, entre otras reivindicaciones, se extraen de una encuesta online que esta central sindical ha realizado en 104 centros educativos públicos de la provincia onubense. En concreto, es el 92% de los docentes consultados los que consideran que el número de alumnos por aula debe disminuir sensiblemente porque, especialmente en la capital y en las zonas más pobladas, las ratios están por encima de 25, 30 y 35 en los casos de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato respectivamente.
El sindicato subraya igualmente que el curso ha empezado con una plantilla incompleta ya que falta profesorado en el 32% de los casos en centros de Infantil y Primaria, y en un 63% de los mismos en centros de Secundaria.
Además, las obras inacabadas que afectan a un 32% de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y en un 25% de los Institutos de Educación Secundaria (IES) “no permite un inicio de curso en las condiciones adecuadas”.
Otro asunto que preocupa a CSIF “es la pérdida sistemática de unidades año tras año”. En la radiografía sacada por este sindicato, tanto en los CEIP como en los IES, la eliminación es progresiva y se encuentra en un 10% y un 23% respectivamente.
Según se refleja en la encuesta, otro aspecto muy demandado (96%) por el profesorado es que disminuyan las tareas burocráticas, al igual que la cobertura de bajas que, aunque “se ha experimentado una mejora”, se pide que se sigan agilizando los trámites.
Asimismo, cuestiones como la conservación de las infraestructuras, la conectividad a internet o la climatización de los centros son “asignaturas pendientes” para el 54% de los encuestados; porcentaje que se repite al comprobar que sigue habiendo problemas con especialistas de Pedagogía Terapéutica, concretamente en el área de Audición y Lenguaje.
Finalmente, CSIF concluye que “la encuesta refleja claramente la necesidad de incrementar al 7% del PIB la partida presupuestaria destinada a Educación, así como la mejora de las condiciones laborales del profesorado”.
