El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha citado a la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS), Cristina Murillo, además de al secretario y al tesorero, para que asistan a la declaración que prestará el próximo 25 de octubre el abogado Diego Molina, testimonio que considera “relevante” en el procedimiento por delito societario en la Fundación Fidas, en el que están acusados Murillo, el secretario del COAS, Juan Carlos Rodríguez Velasco, y el tesorero del colegio, Francisco García Romero.
Molina, que ya cuenta con 92 años, realizó dos informes jurídicos, uno de ellos que no llegó a firmar al considerar que faltaba documentación necesaria, solicitados por la decana para modificar la composición del patronato de Fidas, documentos en los que Murillo se basó, según declaró ante el juez, para cesar y nombrar a nuevos patronos, alterando la composición del organismo. Ante la Policía, el letrado no ratificó este informe, contradiciendo las declaraciones judiciales, a las que ha tenido acceso Viva, realizadas por los imputados.
Según el auto emitido el pasado 4 de septiembre y al que ha tenido acceso Viva, el juez ha citado a los acusados para que estén presentes en la declaración de los tres testigos citados para esa jornada, entre ellos el que fue abogado y asesor jurídico del Colegio de Arquitectos, Diego Molina Freire.
Estas diligencias previas de investigación corresponden a la demanda presentada por los antiguos patronos de la Fundación Fidas, José María Gentil y Pedro Moscoso, contra la actual decana, el secretario y el tesorero por un presunto delito societario en su modalidad de acuerdos sociales lesivos, que acarrearían de seis meses a tres años de cárcel, testifical que podría ser paso previo para abrir juicio oral por vía penal.
En su auto, el juez cita a los tres investigados para que acudan personalmente a las pruebas testificales, señala que su asistencia “no es obligatoria sino facultativa” pero deja claro que “posteriormente no se admitirá una nueva práctica de la prueba preconstituida a su instancia”.
El magistrado considera que la presencia de los letrados de los tres acusados es suficiente para garantizar su correcta defensa, pero entiende que “se debe dar la oportunidad a la presencia” de los tres, garantizando que puedan tener la posibilidad de “dirigir preguntas al testigo”.
Así, Murillo, Rodríguez y García están citados en el juzgado para asistir a la declaración de uno de los testigos que el magistrado considera “relevante”, a tenor de las investigaciones de la UDEF de la Policía Nacional, y ve necesario tomar las medidas pertinentes para “asegurar la contradicción de las partes”, en especial, por la avanzada edad del testigo, 92 años.
El testimonio de Molina, asesor y abogado del COAS hasta que fue despedido en enero de 2018 por la actual directiva, es clave, ya que los demandados han asegurado en sus declaraciones previas que llevaron a cabo las juntas de los días 6 y 25 de julio de 2017 apoyados en el informe jurídico que éste redactó, mientras Molina declaró ante la Policía que se le encargó un primer informe sin apenas tiempo para elaborarlo y el segundo no lo ratificó al ser un “borrador”, al no tener la documentación necesaria para elevarlo a definitivo.
La directiva actual también tiene interpuesta otra querella similar contra la anterior dirección del COAS y por la que ya compareció Ángel Díaz del Río, exdecano, ante el juzgado de instrucción 17, acusado de maniobrar en los nombramientos de patronos en una reunión del 12 de junio de 2017, cuyos acuerdos se revocaron pero no impugnaron en las dos sesiones que ahora se verán en el juzgado de Instrucción 6.
