Tras casi 20 horas de debate, la Cámara Alta convirtió en ley un proyecto que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, peronista, había enviado a finales de agosto al Parlamento.
El oficialismo interpretó que la nueva ley permitirá “democratizar definitivamente” la comunicación en Argentina, pero sectores de la oposición y periodísticos consideraron que dará al Ejecutivo “mayor poder” sobre los medios de prensa.
“Entendemos que esta ley permitirá democratizar de forma definitiva los medios en el país”, indicó el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, después de que el Senado concluyera su maratoniana sesión.
“La hicimos revisar por más de 80 foros, en audiencias públicas, y le realizamos más de 200 modificaciones. Se consultaron a tantos constitucionalistas como fueron necesarios para que el Parlamento discutiera una ley que estuviera a la altura de los argentinos”, destacó.
Tras calificarla de “seria, respetuosa y consensuada”, el jefe de los ministros sostuvo que en poco tiempo “se verán con satisfacción los frutos” de esta nueva norma y se vanaglorió por el hecho de que el Gobierno de Cristina Fernández logró lo que administraciones anteriores no pudieron tras lograr 44 votos a favor y 24 en contra.
“Todos los presidentes desde la recuperación de la democracia (1983) habían presentado proyectos y ninguno lo pudo llevar a la práctica. Nosotros sí”, concluyó Aníbal Fernández.
En la oposición, Ernesto Sanz, senador de la Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria del país, consideró que la nueva ley provocará una “catarata de litigios” y aseguró que el Gobierno se apuntó una victoria para sí pero dejó al país con una norma “casi impracticable”.
“A partir de esta sanción mucha gente se sentirá perjudicada. Las tachas de inconstitucionalidad y las violaciones a los derechos protegidos por la Constitución la van a convertir en una ley litigiosa”, subrayó el senador.
Sanz consideró que la norma aprobada por el Parlamento “no es la que necesita” el país y se lamentó por la imposibilidad de los legisladores de “hacerle modificaciones para enriquecerla”.
“Ganaron en el Senado, pero la ley está tan mal hecha que va a ser de dudosa aplicación”, insistió el líder opositor.
Dirigentes de otras fuerzas políticas que rechazan la ley señalaron que se pondrán a trabajar para que la norma sea revisada después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores elegidos en los comicios de junio y el oficialismo pierda la mayoría propia en el Parlamento.
