Una sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Sevilla que denunció en 2013 un caso de presunta corrupción interna, que fue archivado por prescripción de delitos, ha sido procesada por supuesta acusación falsa y abuso de derecho contra la Administración militar.
Así lo ha acordado el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, que tramita esta causa en la que está personado como acusación particular el general de Brigada que entonces era el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
En un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que "la Guardia Civil usa el Código Penal Militar contra los trabajadores que se atreven a denunciar la corrupción interna".
Recuerda que lleva años denunciando "la abusiva y arbitraria aplicación" de este código a los guardias civiles en funciones policiales e incluso a situaciones producidas fuera de servicio, como la que ha llevado a prisión a Luis Miguel P., que el pasado día 14 ingresó en el penal militar de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir una pena de siete meses y un día.
Añade que es el caso de "María Serrano, sargento primero del SEPRONA de Sevilla que desde que en 2013 denunció un caso de presunta corrupción interna vive un calvario de denuncias cruzadas con varios de sus superiores".
Serrano denunció chivatazos realizados por subordinados suyos ante sus superiores sin que estos investigaran, según asegura.
La AUGC denuncia que, a raíz de su denuncia, la sargento ha sufrido "un rosario de desencuentros y persecuciones, entre ellas los expedientes que recibió hasta ser expulsada del pabellón en el que residía".
Agrega que "con el entonces coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, recientemente ascendido a general de Brigada, María Serrano se ha cruzado varias denuncias y un encuentro que para ella tuvo carácter vejatorio pero que para el juez militar no pasó de una riña paternal".
"Ahora es ella la que se enfrenta a una causa por acusación y denuncia falsa, a lo que se añade la imputación de un segundo delito, de abuso contra la Administración militar, en la que el propio general se ha personado como acusación particular", informa la AUGC.
