La sentencia del caso de los ERE ha dejado noqueado al PSOE en Andalucía. Por primera vez en los últimos cuarenta años la todopoderosísima maquinaria de propaganda socialista ha gripado. Andaba renqueante desde la pérdida del Gobierno autonómico. Pero la dureza del fallo ha sido definitiva. No hay contraargumentario que pueda con los números: 680 millones de euros defraudados, 19 condenados, 68 años de cárcel y 254 años de inhabilitación. Más lo que está por venir: 150 juicios, 500 imputados, la previsión de que la cantidad de pasta distraída alcance los 900 millones de euros. El tribunal ha concluido que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán consintieron el desvío de fondos públicos: “Ambos fueron plenamente conscientes de la patente ilegalidad” de la forma de conceder las ayudas que permitieron el enriquecimiento de empresas que eran las beneficiarias de los fondos en lugar de los trabajadores. Treinta y tres palabras que son irrebatibles. En los tiempo que corren, este texto, que cabe en un tuit, es demoledor y no hay contrarréplica que valga. De hecho, de las esperadísimas declaraciones de Susana Díaz, que se sirvieron frías, 48 horas después del jaleo, solo ha quedado un indigesto “yo no estaba”, que me sonó al “no sé de qué me habla” que usa un amigo sin pudor para salir del paso cada vez que se encuentra en un atolladero, aunque sea pillado en flagrante. A mi amigo esto no le funciona, claro. A Susana Díaz no le funcionó. Como tampoco funcionan los intentos desesperados de los espontáneos y profesionales defensores de la honorabilidad de Chaves y Griñan que se han manifestado en tertulias, blogs, redes sociales. Por tierra, mar y aire. Habrá más, seguro, pero hay dos tipos fácilmente identificables de defensores de los condenados.
En primer lugar, están los que (dicen que) se han leído las mil ochocientas y pico páginas de la sentencia. Suelen tener formación en Derecho y lo dejan claro al principio de sus peroratas. Escriben o hablan mucho y es bastante complicado pillarles la idea aunque, eso, vienen a decir que os ex presidentes no son tan malos como los pintan los jueces. El segundo tipo de defensor de los condenados echa mano de lo emotivo y tal. Entre ellos hay compañeros de partido y cargos públicos en activo, profesionales vinculados en algún momento a la Junta de Andalucía en los últimos 40 años y periodistas. En este caso, simple y llanamente apelan a que los han conocido personalmente y son buena gente. Como si las condenas a cárcel y las inhabilitaciones fueran por no dar los buenos días al vecino en el ascensor, no ayudar a cruzar una calle a una adorable ancianita o esquivar a los voluntarios de los bancos de alimentos en su gran recogida a la salida del supermercado. La primera vez que leí (no lo escuché, lo leí) algo de este palo me sentí raro, incómodo, inmediatamente, cosa de la edad, sentí cierta ternura y, finalmente, me pregunté “pero qué demonios” y ahuyenté cualquier tipo de conmiseración. Esto es sencillo: durante años, cientos de miles de personas honradas han madrugado para ganarse el pan, han pasado privaciones, no han podido disfrutar de vacaciones o se han quedado sin trabajo mientras el dinero público y de todos corría sin control y lucraba directamente a personas que se movían en las cloacas del poder. La única respuesta a todo este escándalo de corrupción tendría que ser pedir perdón por esa condenada buena gente, acatar la sentencia, facilitar información y cooperar para recuperar el dinero. Empecinarse en lo contario es un error y pasará factura.
