Merkel avisa del riesgo si Alemania no atrae mano de obra cualificada

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió este sábado del riesgo de una fuga de empresas si Alemania no logra atraer mano de obra cualificada tanto de estados miembros de la Unión Europea como de terceros países.

Si hace 15 años el problema era un desempleo de cinco millones de personas, en la actualidad Alemania no cuenta con suficiente mano de obra cualificada, no sólo en el ámbito académico sino también en las profesiones "prácticas", destacó la canciller en un vídeo difundido este sábado.

"Hay muchos trabajadores manuales y empresas que buscan desesperadamente mano de obra cualificada," señaló Merkel, que advirtió que si Alemania no se esfuerza en este sentido, "las empresas tendrán que emigrar, y eso es algo que por supuesto no queremos".

Según la canciller, la estrategia del Gobierno pasa en primer lugar por agotar el potencial doméstico, fomentando el acceso a una adecuada formación profesional.

También se estudia cómo mejorar las condiciones laborales para sumar más trabajadores a los 2,5 millones de ciudadanos de la UE que ya están empleados en Alemania, pero esto, según la canciller, "no es suficiente".

Es por ello que este lunes parte del gabinete se reunirá en Berlín con diversos agentes sociales para debatir la Ley de Inmigración de Mano de Obra Cualificada, acordada como parte del contrato de coalición entre conservadores y socialdemócratas.

Según un borrador al que han tenido acceso medios alemanes, entre las medidas previstas se cuenta una vía acelerada para tramitar los visados de trabajo de profesionales extranjeros, así como una ofensiva de reclutamiento por parte de empresas alemanas.

También se pretende subvencionar cursos de alemán para que los profesionales puedan cualificarse en sus países de origen.

Por último, está previsto que la Oficina Federal de Empleo adopte un papel más activo y coopere con las autoridades de terceros países escogidos para buscar candidatos, apoyando así los esfuerzos de contratación por parte de pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno espera que la nueva ley entre en vigor el 1 de marzo del años que viene.