Cámara Baja

La otra vuelta al cole

Sol Cruz-Guzmán, arquitecta y diputada nacional por Sevilla por el PP, nos habla de la vuelta al cole con la pandemia de coronavirus

"Yo tengo mucha suerte porque tengo jardín en mi casa para sacar a mis niños”. Ésa fue la frase de Pablo Iglesias en el Hemiciclo cuando hablaba de escudos sociales. Habla de escudos porque ése es el enfoque que esta dando el gobierno a la crisis del Covid-19, una batalla de la que el gobierno de Sánchez y sus socios salvan a los españoles. El ministro de Sanidad salva vidas, la ministra de Trabajo salva puestos de trabajos y la ministra de Educación salva a los alumnos del suspenso.


Señor iglesias, yo también me siento afortunada, no precisamente por este Gobierno superado por la crisis, sino porque vivo en una ciudad donde tengo acceso a internet y mis tres hijos siguen sus clases con la normalidad que le permite la formación on-line y el apoyo de una madre con años de experiencia en la enseñanza.  Sin embargo, son muchos los niños que no tienen esa suerte, ni la de tener jardín, porque existe una brecha digital a la que este gobierno le ha dedicado medidas totalmente insuficientes -no se ha llegado al 1,5% de los niños que no tiene acceso a internet- y que va a provocar además de la brecha digital, una social y educativa. Se prevé que se pueda casi duplicar las cifras de abandono escolar, y por ello España necesita un Plan Integral para eliminar la Brecha Digital. No hacen falta escudos, hacen falta planes sensatos.


Vivimos una situación excepcional, pero la solución no pasa por suspensos excepcionales. El aprobado general no es un escudo social, al contrario, sólo consigue alumnos inseguros en el curso futuro por la incapacidad del sistema de no haberles ofrecido una enseñanza alternativa en el confinamiento. No sabemos si en la excepción a la que se refiere en sus anuncios la ministra se incluye al 12% de los alumnos que no tiene conexión a internet en sus hogares o al alumnado con alta tasa de absentismo escolar. Esta indefinición produce además de cierta inquietud en los centros y en el profesorado, una alarmante inseguridad jurídica. Son muchos los alumnos de Bachillerato que se juegan su futuro vocacional en unas semanas. Este gobierno acostumbrado a escudarse en su plantilla de expertos a la hora de tomar decisiones debe confiar en los docentes, que son los mejor preparados para saber qué alumno puede o no promocionar. Es una cuestión de justicia, pero también de calidad educativa.


A esta medida tan democrática del aprobado general, se le suma la proposición de refuerzo voluntario en las aulas en época estival.  Una medida que aplaudiría si no fuera porque esta formación se realizará por ONGs o voluntarios. Como profesora de la enseñanza pública ha sido el mayor jarro de agua que me han tirado desde un gobierno.  Si lo que no está dispuesto este gobierno es a dedicar presupuesto a la educación de nuestros hijos, que lo diga claramente y no nos engañe.


Dejemos de ver la crisis del Covid-19 como el jardín de Iglesias en primavera, pasando con sigilo por el duelo y la pena, y asumamos el impacto económico, social y educativo que traerá  para poder tomar las medidas adecuadas. Pasemos de los pactos de la Moncloa a los Pactos del Congreso, y pongamos entre los primeros a la firma el Pacto Nacional por la Educación donde nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestro país.

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