La Comisión de Garantía Alimentaria constituida en el Ayuntamiento de Sevilla con participación de todos los grupos políticos inicia sus trabajos con un diagnóstico sobre las familias del Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Su Eminencia y Torreblanca mediante el cruce de datos de Servicios Sociales, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.
Según concreta en una nota de prensa el Consistorio, con el cruce de datos se hará una radiografía de la situación en estos barrios, los cuales están incluidos en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, y su objetivo es definir cuántos hogares y con qué recursos se atienden para evitar duplicidades, generar sinergias y facilitarles otro tipo de ayudas (educativas, formativas, laborales, etcétera) y, por tanto, "una atención integral más allá del suministro de comida".
En la primera reunión de la Comisión de Garantía Alimentaria, presidida por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, ha emplazado a las cuatro entidades sociales y ONG, así como a los grupos políticos, a mantener un encuentro de trabajo a finales de este mes para poner en común los datos de esos barrios.
"Se trata analizar y conocer la situación real de la atención a las familias de cada barrio por parte de los Servicios Sociales Municipales, Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja y la EAPN, determinar a qué otros hogares necesitados no hemos llegado y qué nos falta y complementar con recursos distintos cuando está asegurada ya la garantía alimentaria por el cauce público o de las entidades sociales o se recibe el nuevo ingreso mínimo vital", ha explicado Espadas.
De hecho, la nueva tarjeta social de la Seguridad Social, con la que se pretende gestionar de manera más eficaz las prestaciones públicas del Estado a las que se suma ahora el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), obliga a comunicar todas las prestaciones que recibe una familia, ha sostenido Espadas.
"Se trata de tener una misma base de información sobre la atención a las familias necesitadas que evite la dispersión de esfuerzos y propicie la optimización de los mismos. A pesar de la permanente colaboración entre las entidades sociales y los Servicios Sociales Municipales, reforzada aún más durante la crisis sanitaria por el coronavirus, esta radiografía a partir de un cruce de datos no se ha hecho nunca, y nos puede servir para reorientar el trabajo de los Servicios Sociales y su coordinación con las entidades del tercer sector para ofrecer la mejor respuesta posible a las familias", ha abundado.
En su opinión, una vez que se ha resuelto la urgencia de atención social motivada por la crisis sanitaria por el coronavirus (Covid-19) y sus consecuencias económicas y laborales sobre los hogares sevillanos, con cerca de 40.000 familias atendidas en garantía alimentaria, "es momento de ir preparando esa atención posterior más coordinada".
De hecho, es máxime ahora que el Ingreso Mínimo Vital "cambiará el escenario" en el destino de las ayudas y será necesaria una mayor coordinación con el resto de las administraciones públicas sobre el respaldo que una cada de ellas dispensa a una familia concreta. "Para quienes tengan derecho al ingreso vital, habrá que definir qué tipo de apoyo municipal y de las entidades sociales sería el más adecuado más allá de los propios suministros básicos, sea de educación, formación u orientación laboral, es decir, con un enfoque integral", ha puesto como ejemplo Juan Espadas.
La Comisión de Garantía Alimentaria es una de las iniciativas incluidas en el acuerdo político suscrito hace dos semanas por PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Sevilla para afrontar las necesidades sociales y laborales y resultado de los trabajos realizados por la Comisión para la Reactivación Social y Económica de Sevilla y para el Impulso del Empleo, forjada en el seno del Pleno municipal para diseñar estrategias tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.
