La diputada nacional del PP por Cádiz, María José García-Pelayo, ha indicado que los populares han presentado una proposición de ley que pide que cuando una vivienda sea ocupada ilegalmente pueda ser desalojada en 12 horas, que las comunidades de propietarios tengan capacidad para denunciar y que se endurezcan las penas para las mafias que se dedican a la ocupación.
García-Pelayo ha alertado en El Puerto de la incidencia que el problema de la ocupación ilegal de viviendas tiene en la provincia de Cádiz, una de las que más denuncias ha registrado en los últimos años por este tipo de delitos.
La diputada ha explicado que, según consta en una respuesta parlamentaria ofrecida por el Gobierno a una iniciativa registrada por el Partido Popular, en el año 2018 fueron 313 los hechos conocidos por ocupación ilegal de inmuebles en la provincia de Cádiz, una cifra que se incrementó hasta 383 en 2019, mientras que entre enero y julio de 2020 se han presentado ya 200 denuncias.
La diputada popular ha indicado que la problemática tiene especial incidencia en la provincia de Cádiz, eminentemente turística, y que también afecta a la ciudad portuense. “Queremos que la gente viva tranquila, que se respete el derecho a la propiedad y que las personas que durante unos meses no viven en su casa no se encuentren con que esa vivienda ha sido ocupada y destrozada por personas utilizadas por mafias que se dedican a ocupar viviendas”, explicó Pelayo, quien aclaró que “el PP no está hablando de una ley contra los okupas en relación a personas que lo pasan mal y necesitan una vivienda social, está hablando de las mafias que se dedican a la ocupación”.
El secretario general del PP de El Puerto, Javier Bello, afirmó que desde el PP de El Puerto se solicita implicación al Gobierno de España en materia de okupación. Bello explicó que la crisis del Covid-19 está produciendo un mayor índice de ocupaciones y que los datos de la dirección nacional del PP reflejan que hoy se producen 40 denuncias diarias en materia de ocupación ilegal de viviendas en toda España.
“La gente que paga sus hipotecas y tiene sus viviendas en propiedad tiene derecho a ser protegida por la ley y que en ningún caso la ley proteja a los delincuentes”, afirmó Bello, para quien los ayuntamientos vienen demandando una ley contra la ocupación ilegal de viviendas, al tratarse de una ley “necesaria”.
“Los ayuntamientos somos la administración más cercana a los ciudadanos y a la que el ciudadano acude para decirnos que han ocupado su casa”, detalló Bello, quien afirmó que “hay personas que tienen una segunda residencia en la ciudad y que se pueden encontrar con esta problemática, sin armas legales para combatir esa situación, de manera que se sienten abandonadas por la administración”.
El secretario general de los populares portuenses agradeció la presentación de la proposición de ley por parte del PP, una proposición “que quiere cambiar la situación”.
“Nosotros somos una ciudad que vivimos en gran parte del turismo, donde la segunda residencia tiene una presencia importante y por tanto la seguridad de sus hogares, aunque permanezcan vacíos en determinados momentos, tiene que ser una de nuestras prioridades y debemos contar con herramientas para poder hacerlo”, afirmó Bello.
