Mohamed y los otros cuatro detenidos –Walid bin-Atash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi– están acusados de orquestar los atentados del 2001 contra Washington y Nueva York en los que murieron unas 3.000 personas.
“Daré instrucciones a los fiscales para que soliciten la pena de muerte contra cada uno de los supuestos conspiradores del 11-S”, afirmó ayer en rueda de prensa el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder.
El titular de Justicia adelantó, además, que otros cinco sospechosos de terrorismo, detenidos también en Guantánamo, serán juzgados por comisiones militares.
Ese segundo grupo incluye a Abd al-Rahim al-Nashiri, presunto responsable del ataque en el año 2000 contra el destructor estadounidense Cole en Yemen, en el que murieron 17 soldados estadounidenses y otros 47 resultaron heridos.
Los acusados que serán trasladados a Nueva York serán juzgados en un tribunal cercano al lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas destruidas en los atentados de septiembre de 2001.
“Tras ocho años de retrasos, los supuestos responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 harán finalmente frente a la justicia”, señaló Holder.
“Serán trasladados a Nueva York para responder por sus supuestos crímenes en un tribunal situado a sólo unos bloques de donde en su momento estuvieron las Torres Gemelas”, subrayó.
El Gobierno estadounidense ya ha trasladado a Nueva York a Ahmed Ghailani, quien estaba detenido de la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), para ser juzgado, aunque no solicitará la pena de muerte en ese caso.
La Casa Blanca ha defendido los juicios en tribunales federales, al señalar que muchos terroristas han sigo juzgados, condenados y encarcelados con éxito en EEUU, incluido el responsable del atentado contra las Torres Gemelas de 1993, Ramzi Yousef.
Se trata, con todo, de una decisión controvertida que fue criticada ayer por senadores republicanos como Jon Kyl, quien señaló en un comunicado que plantea “un riesgo innecesario” y defendió los tribunales militares para este tipo de casos.
Holder explicó que la decisión de que unos detenidos vayan a tribunales militares y otros a tribunales civiles federales responde a una serie de factores como la naturaleza de la ofensa, el lugar en el que esa ofensa tuvo lugar, la identidad de las víctimas y la forma en la que se investigó el caso.
“Nuestros esfuerzos legales para llevar a los terroristas ante la justicia involucran tanto a los tribunales federales como a las comisiones militares reformadas”, apuntó Holder.
El Congreso reformó recientemente las citadas comisiones y les prohibió que utilicen declaraciones obtenidas bajo tortura.
Los observadores señalan que la decisión de juzgar en tribunales federales a los presuntos cerebros del 11-S entraña riesgos para la Administración del presidente estadounidense, Barack Obama, ante la posibilidad de que alguno de los casos no prospere por algún tecnicismo jurídico.
Holder restó importancia ayer a esa posibilidad al mostrarse “convencido” de que la Fiscalía tendrá “éxito”.
“Basándome en todas las recomendaciones y en el gran trabajo e investigación que se ha hecho me siento bastante seguro de que los resultados de estos casos serán exitosos”, afirmó.
El anuncio efectuado ayer coincide, por lo demás, con la dimisión del consejero legal de la Casa Blanca, Gregory Craig, que no ha podido conseguir avances en el proceso para cerrar el penal de Guantánamo.
Obama anunció tras su llegada al poder que cerraría la controvertida prisión militar en Cuba en enero, un objetivo que se presenta ahora como inalcanzable.
En la actualidad permanecen detenidos en el centro 215 reclusos, la mayoría de ellos de Yemen y Afganistán.
Obama confirmó, además, el enjuiciamiento en territorio de EEUU de cinco de los principales sospechosos por el 11 de septiembre y aseguró que el proceso será de “una justicia escrupulosa”.
