El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado procesar a Fernando Villén, ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y Antonio Torres, exalcalde de Lebrija, por la presunta contratación "irregular" de este último para un cargo "inexistente".
El juez de refuerzo también ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas por el "ilícito" mantenimiento de Torres en distintos puestos de trabajo "sin contenido material concreto, creados y atribuidos sólo para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales" por parte del ex primer edil.
En un auto del 9 de octubre facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado considera que los hechos pueden ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.
El instructor relata que el objeto de esta causa lo constituye "la presunta ilicitud" de la contratación como personal laboral del exalcalde por parte de Villén para distintos puestos de trabajo "sin contenido material concreto, creados y atribuidos 'ad hoc' para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones".
Además, el exalcalde "en todo caso carecía de aptitudes para poder desempeñar las supuestas funciones, como técnico, que le habrían de ser atribuidas".
Torres fue alcalde de Lebrija por el PSOE durante veinticuatro años y la pérdida del puesto "determinó su contratación en la Faffe" a instancia de Villén pese a que" el exalcalde "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional".
Torres fue contratado como directivo el 1 de julio del 2003 con un contrato de duración temporal que se convirtió en indefinido a partir del 1 de diciembre del 2004, con una retribución de 46.750 euros anuales.
También fue dado de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de la fundación y su integración, en mayo del 2011, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La contratación, según el juez, se produjo por la "sola voluntad" de Villén, "sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar", y se ejecutó "de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse" y "de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad".
Por tanto, hubo una presunta "vulneración directa de los principios y sistemas de contratación pública establecidos".
Según el instructor, el exalcalde "habría cooperado y contribuido a dicha ilícita contratación aportando elementos que pudieran ofrecer una apariencia de legalidad", para lo cual "se concertó" con Villén, con quien "habría contactado" tras perder las elecciones municipales del 2003 para "solicitarle colocación en la Faffe".
El exdirector "accedió" y "promovió en su favor un 'novedoso' cargo directivo, inexistente en realidad", en concreto la Dirección de Relaciones Externas.
Torres "ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno, era desconocido por otros trabajadores y directivos" y su "escasa actividad" se reducía a "puntuales contactos con algún político o autoridad", pero "siempre" desde su domicilio "y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita", añade el instructor.
El juez establece que Torres acabó cobrando un total de 491.203,03 euros "sin que conste que trabajara realmente" por un puesto al que accedió "sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política" con Villén.
