La reapertura de los juzgados después de más de tres meses de paralización por la irrupción del coronavirus en marzo pasado disparó el número de separaciones y divorcios, pero la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) señala que solo fue un espejismo. “Sacamos mucho trabajo que estaba en los cajones por el confinamiento y la estadística se disparó”, explica Inmaculada Marín, portavoz andaluza de la organización. “Y también tuvimos muchas consultas legales pero no se han materializado”, añade. La crisis económica desatada por la pandemia ha frustrado el deseo de muchas parejas de formalizar la ruptura matrimonial, precipitada por el desgaste de una convivencia obligada durante el primer estado de alarma.
Según la encuesta anual de Aefa, “durante la pandemia, la cifra de separaciones y divorcios ha sido igual o inferior a la que se registra después de un periodo prolongado de convivencia, como sucede cada año tras la Navidad, la Semana Santa o el verano”.
“Es imposible sostener dos unidades familiares a la vez si te encuentras en paro o en ERTE o has cerrado tu negocio”, añade Marín.
La crisis económica no solo ha frenado las rupturas, también ha incrementado la conflictividad entre quienes ya estaban separados por la pérdida de poder adquisitivo. De manera que “estamos registrando numerosas peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos”, asegura la portavoz de Aefa. El problema está en que los afectados deben demostrar que es imprevisto y no haya sido provocado o buscado voluntariamente por el progenitor y, además, debe demostrar que el cambio de las circunstancias es sustancial y no se trata de una situación transitoria o coyuntural. “El juzgado suele catalogar como provisional la mayoría de los casos en los que el peticionario se encuentra en ERTE, por ejemplo, o en cese de actividad”, explica.
En el mismo sentido, son muy comunes “los procesos de jurisdicción voluntaria por discrepancias en el ejercio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil”, en relación a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social, como tratamientos dentales, por su elevado coste.
Y, finalmente, Aeafa ha detectado un elevado nivel de incumplimiento de visitas durante el estado de alarma, motivado por la decisión de los jueces de suspender cualquier sistema de visita o custodia compartida, quedándose los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento de decretarse el estado de alarma.
Pero el confinamiento también ha tenido consecuencias positivas, agrega Marín, en cuanto a la petición de custodia compartida. “Los padres y las madres se han dado cuenta de que se puede compaginar las responsabilidades laborales con la crianza en gran medida por el teletrabajo”, concluye.
Un laberinto sin salida
Lo ideal es que las parejas que decidan divorciarse, se divorcien, pero el coste económico de una separación es inasumible en muchas ocasiones. “Muchos matrimonios acaban atrapados en un laberinto sin salida” si no puede afrontar las consecuencias de la ruptura, advierte Manuela Gómez, psicóloga sanitaria, forense, terapeuta familiar, quien admite que “se puede hacer poco en estos casos”. Porque, incluso si se dispone de un abogado de oficio, hay que asumir pensiones o disponer de una segunda vivienda. “No hay muchas alternativas, salvo aguantar, acudir a terapia para evitar que haya conflictos durante el tiempo en que la convivencia es inevitable si se puede pagar y tratar de salvaguardar la paz”, admite.
