La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén hizo ayer pública la sentencia del mayor caso de corrupción en la ciudad de Jaén desarrollado entre el 8 de agosto de 2012 y el 15 de septiembre de 2013, en pleno mandato del Partido Popular, con José Enrique Fernández de Moya como alcalde. El Ayuntamiento de Jaén gastó 4.238.317 euros por las facturas falsas y los trabajos que la empresa Matinsreg, de Toro (Zamora), realizó para el mantenimiento de las fuentes ornamentales y los semáforos de la ciudad, principalmente.
Tras el juicio de 10 sesiones, celebradas entre el 5 y el 28 de abril de 2021, la Audiencia Provincial ha decidido en su sentencia, que puede recurrirse en el plazo de 10 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, absolver completamente al exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), acusado de prevaricación y malversación.
La sentencia, absuelve también a la única mujer que aparecía como acusada, y condena a los otros siete acusados, entre ellos los exconcejales populares Miguel García Anguita y Manuel del Moral, que ya contaba con antecedentes penales al ser condenado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Fuengirola por un delito de hurto, según recoge la sentencia.
Los dos exconcejales, para los que se pedían ocho años de cárcel y quince de inhabilitación absoluta por delito continuado de falsedad documental en concurso con el delito continuado de malversación y de cohecho, finalmente han sido condenados a cuatro años de cárcel por malversación de caudales públicos agravada.
Los dos empresarios intermediarios, para los que se pedían siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de malversación de caudales públicos, han sido condenados a cinco años y nueve meses.
El gerente de la empresa Matinsreg, que reconoció los hechos durante el proceso, y depositó un millón de euros en el juzgado, ha sido condenado a dos años, diez meses y quince días, por malversación y falsedad documental.
Un técnico municipal ha sido condenado a cuatro años de cárcel, y el yerno de uno de los empresarios intermediarios, a cinco años y nueve meses.
Además, según la sentencia, “en concepto de responsabilidad civil, los acusados condenados José Merino Acero, Isidoro Hipólito Cobo Sáiz, Luis Gregorio González Valero, Rodrigo García Cámara, Miguel Ángel García Anguita, Agustín Sánchez García y Manuel del Moral Negrillo deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Jaén la cantidad de 3.465.372,90 euros. Del pago de la referida cantidad responderán la mercantil Matinsreg SLU como responsable civil subsidiario, y como partícipes a título lucrativo las mercantiles Merino & Fernández Consultoría de Calidad SL y Merino Fernández Consultoría Técnica SL de la cantidad de 1.205.070´68 euros más 206.982´04 euros por intereses; Comidid SL de la cantidad de 209.985,82 euros; y Cobo & Saiz de la cantidad de 50.820 euros; cantidades también con los intereses del art. 576 LEC”.
Hechos probados
La sentencia recoge que el administrador único de Matinsreg entró en contacto con los dos empresarios acusados en esta causa y "puestos de común acuerdo y animados de lucro" acordaron que "las facturas que presentaran al Ayuntamiento de Jaén contuvieran conceptos no ajustados a la realidad".
De esta forma, se presentaron facturas con "precios de los productos usados muy superiores al real, cantidad de estos productos, igualmente muy superior a la realmente utilizada, horas de trabajadores también que no se correspondían con la realidad", todo ello "a fin de elevar el importe de las mismas y obtener de las arcas municipales unos beneficios ilícitos".
Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, como responsables del Ayuntamiento, teniente de alcalde y concejal de Mantenimiento Urbano respectivamente, facilitarían, según la sentencia "a los anteriores la consecución de su plan y así para ello permitirían que las facturas que presentara Matinsreg SLU fueran aceptadas, visadas y conformadas por el técnico municipal correspondiente de la Oficina de Control de Empresas de la Concejalía de Mantenimiento, así como por el concejal".
Según apunta el tribunal, el plan de los tres empresarios "para poder resultar exitoso, necesitaba la colaboración de alguna autoridad o funcionario encargados de controlar o fiscalizar esas facturas, y así lograr el pago de las mismas". Es aquí donde el tribunal adjudica la responsabilidad a García Anguita, Manuel del Moral y al técnico municipal, actualmente jubilado.
La idea, según recoge la sentencia era dar a las facturas "apariencia de legalidad a fin de que fueran finalmente abonadas por el Ayuntamiento". De esta forma, y con los reparos de legalidad levantados por el entonces alcalde Fernández de Moya y por el pleno, que "desconocían la mendicidad" y basaron los levantamientos en "la existencia de crédito para aprobar el pago de unos trabajos que formalmente aparentaban haberse realizado", se ejecutó el plan.
Fernández de Moya
Según recoge la sentencia “no se ha acreditado que José Enrique tuviera algo que ver en esa fase previa”, en referencia a los contactos entras las empresas, los conseguidores, los trabajadores municipales y los concejales, “ni menos aún participación en el entramado para la elaboración de las facturas falsas y obtención del sobrecoste”.
Y en cuanto al levantamiento de los reparos, la Audiencia Provincial recuerda en su escrito que “se acreditó a través de la testifical en la persona del Interventor del Ayuntamiento en aquella época, José Ignacio Beitia Hidalgo, que se trataba de algo normal aplicado en casos de urgencia, un acto que se repetía. Pero tal levantamiento del reparo no equivale en modo alguno a prevaricación. Ni tampoco se acreditó participación alguna en el delito de malversación de caudales públicos, también objeto de imputación”.
Por otro lado, el Tribunal considera que no cabe hablar de temeridad o mala fe en la actuación de la acusación popular ejercida por el PSOE de la ciudad de Jaén, tal y como pretendía la defensa del exalcalde, “por cuanto sus pretensiones acusatorias, con respecto al acusado José Enrique Fernández de Moya, si bien no fueron sostenidas por el Ministerio Fiscal, no obstante no puede hablarse de algún acontecimiento o circunstancia excepcional durante la celebración del juicio”.
