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Campo de Gibraltar

Verdemar plantea otra denuncia contra Acerinox por emisiones de sustancias peligrosas

El grupo ecologista incluye en su demanda a la Junta de Andalucía como autoridad competente en materi de controles medioambientales en la planta de Los Barrios

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  • Residuos a cielo abierto en Acerinox. -

El colectivo Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado a Acerinox Europa ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, a través de la Fiscalía de Área del Campo de Gibraltar por las “emisiones atmosféricas” de “sustancias peligrosas, como las partículas y metales pesados”. Igualmente, señala a la Junta de Andalucía, como autoridad competente en lo que a controles medioambientales se refiere.

El escrito de la denuncia de los ecologistas, al que ha tenido acceso VIVA, señala que Acerinox está “contaminando a sabiendas, vulnerando la Convención Europea de Derechos Humanos en sus artículos 2 y 8, que protegen el derecho a la vida y a la vida familiar”.

En la exposición de los hechos, la demanda indica que Acerinox “sigue ampliando su planta y está provocando un efecto acumulativo de emisiones que perjudica a la salud pública” del cual los más afectados son los vecinos de Palmones, en Los Barrios, y Guadarranque, en San Roque.

En concreto, señalan los denunciantes, “Se generan vertidos a la atmósfera con sustancias peligrosas, como las partículas y metales pesados” que “perjudican la salud pública y el medio ambiente”.

El grupo ecologista apunta en su escrito que  “puede que se estén manipulando” los datos sobre emisiones procedentes de Acerinox “para pasar los controles ambientales y de salud”. El texto apunta que “los sistemas de aspiración y filtración de los humos generados durante el proceso de fusión, afino, colada y esmerilado no funcionan” y que “la contaminación de partículas cae” sobre la población de Palmones o Guadarranque, dependiendo del viento.

“Las granallas y polvos de la laminación y del vertedero que Acerinox SAU tiene a cielo abierto están haciendo estragos en la población, contaminando a sabiendas” y “vulnerando la Convención Europa de Derechos Humanos, en sus artículos 2 y 8, que protegen el derecho a la vida y a la vida familiar”, sostiene la denuncia.

Añade Verdemar que “las emisiones de DENOx puede que escapen a cualquier control y lleguen a la población circundante”. La entidad remite a un reportaje de televisión del programa Equipo de investigación de La Sexta, en el que un vecino de la zona denuncia: “Estoy cansado de llevar a mi hijo al hospital”.

En ese mismo programa, en una muestra de polvo tomada de la corteza de un árbol, el químico Ricardo Díaz explica los componentes hallados, entre los cuales “hemos analizado muchísimos metales, pero lo que más llama la atención son los niveles de cobre y de zinc. El zinc está cinco veces por encima del valor máximo, está en 2.235 miligramos por kilo y el valor máximo son 450 miligramos por kilo”. Añade que “la contaminación del suelo por metales pesados es lo que muchas veces se denomina una contaminación silenciosa, porque nadie la ve”.

Además, “las emisiones siguen y los ruidos no permiten el descanso. Muchas denuncias administrativas durante años han caído en saco roto”, señala la denuncia.

Igualmente, señala el documento, “los fondos marinos con metales pesados abren una puerta a la contaminación por el consumo de peces contaminados y entran en la cadena trófica”.

Controles
La demanda de Verdemar también va dirigida a la Junta de Andalucía, por las obligaciones que tiene como administración responsable en materia medioambiental, que “estimamos han sido incumplidas presuntamente en forma grave”, indica el documento. Incide la denuncia en que la Junta “no ha cumplido en forma efectiva con tales obligaciones de evaluación, mejora, control y garantía”, que incluyen la evaluación de la calidad del aire con un sistema de control con garantía que garantice que las emisiones se encuentran dentro de los límites legalmente establecidos.

Verdemar entiende que “la autoridad medioambiental de la Junta de Andalucía” también podría ser responsable de hechos constitutivos de delito conforme a lo previsto en los artículos 329 (autorización ilegal de licencias u omisión de inspecciones) y 404 (prevaricación de funcionarios públicos) del Código Penal.

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