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Durante el último pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, gobernado por la popular María Luisa Moya junto a Cambia, el Grupo Socialista solicitó a la alcaldesa "una rectificación pública" en relación con el programa municipal de la moneda social "Ossetana". Esta petición se produce tras la decisión de la Audiencia de desestimar los recursos de apelación de PP y Vox contra el archivo de la causa judicial impulsada por ambos partidos contra la gestión socialista del programa.
En el turno de ruegos y preguntas, la concejala socialista y secretaria general del PSOE local, Inmaculada Muñoz, subrayó que la Justicia ha resuelto de forma "clara" el asunto, al confirmar el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito. "Denuncia penal infundada, amplificada en los medios de comunicación y usada como arma política para desgastar" al anterior equipo de gobierno, liderado por Fernando Zamora, señaló la edil.
Muñoz lamentó además el "precio humano y personal" que han pagado las personas investigadas, al haber sido víctimas de "una acusación temeraria" sin pruebas. La concejala denunció que los exmiembros del gobierno socialista han tenido que soportar “titulares injustos y miradas de sospecha” como consecuencia de estas denuncias.
“La política no puede seguir siendo un campo de minas donde todo vale”, advirtió Muñoz, reclamando a la actual alcaldesa "una rectificación pública, una disculpa". Según la representante del PSOE, es necesario “limpiar el nombre de quienes han sido falsamente acusados”. Recientemente, su grupo ha denunciado ante la Fiscalía la contratación de la empresa PreZero para la limpieza viaria por el gobierno actual.
La Audiencia confirmó en mayo el auto del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que acordaba el archivo de la causa. En el auto se señalaba que no existían "irregularidades o actuaciones irregulares respecto de los denunciados, que puedan encuadrarse como constitutivas de infracción penal", en relación con el convenio firmado con la Asamblea de Cooperación por la Paz para gestionar la ‘Ossetana’.
El juzgado instructor valoró especialmente los testimonios de la secretaria general del Ayuntamiento y del interventor municipal. Ambos indicaron que las subvenciones eran conforme a derecho, aunque mejorables en su regulación. "Las posibles deficiencias jurídicas (...) no suponen inobservancia de los trámites del procedimiento", indicaba el juzgado, que añadía que la eventual irregularidad detectada “no afectaba para nada a los intereses generales del Ayuntamiento y de la población”.
