La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el juicio contra la exalcaldesa de Rioja María Isabel Sánchez, a quien acusan de un delito de prevaricación por supuestamente haber contratado 'a dedo' durante su mandato a la entonces pareja sentimental del hijo del secretario-interventor, quien también será enjuiciado por el mismo delito en concepto de cooperador necesario.
La Fiscalía de Almería solicita para ambos una pena de inhabilitación de 12 años para empleo y cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al entender que realizaron una contratación discrecional por un periodo de casi tres años "sin seguir el procedimiento administrativo y prescindiendo de los principios de igualdad, mérito y capacidad que debe presidir toda contratación pública".
Según recoge el escrito provisional del fiscal, consultado por Europa Press, tanto la alcaldesa como el secretario se habrían "concertado" para contratar a la pareja sentimental del hijo de este último aprovechando la baja por embarazo de una funcionaria a finales de octubre de 2015.
El Ministerio Público sostiene que la ex primer edil habría seguido las indicaciones del G.L.H. para redactar el contrato de obra y servicio necesario "haciendo constar entre las cláusulas específicas de la obra o servicio determinado una expresión genérica 'fin de la obra o servicio determinado (fin de los trabajos de su especialidad)' pero sin especificar cuáles eran esos trabajos para que el contrato no tuviera término cierto de finalización".
La Fiscalía afea además que los acusados optaran por un contrato de obra y servicio en lugar de por un contrato de interinidad para sustituir a la funcionaria de baja, ya que así posibilitaban que la contratada "no tuviera que cesar al reincorporase la funcionaria titular". Igualmente, la plaza "no ofertada públicamente por lo que no existieron otros posibles candidatos".
Con esta premisa, la Fiscalía apunta a que la entonces alcaldesa y el secretario "decidieron prescindir del obligatorio procedimiento para la selección y nombramiento del personal funcionario interino que debe hacerse por concurso de méritos" regulado reglamentariamente e incluso decidieron "prescindir de acudir al Servicio Andaluz de Empleo para efectuar la selección del personal", sin motivar las razones por la que justificaban la contratación de esa persona respecto a otros posibles interesados.
Así, Sánchez dictó una resolución el 9 de noviembre de 2015 por la que contrató a la elegida previamente en régimen de personal laboral temporal con dedicación tiempo completo; toda vez que el secretario "voluntariamente omitió emitir los preceptivos informes jurídico y de intervención que debía efectuar", de tal forma que el expediente administrativo "se componía exclusivamente, de la referida resolución, el contrato de trabajo antes mencionado y del currículum de la contratada".
La resolución de la contratación, como es preceptivo, no se incorporó tampoco la Libro de Registro de Resoluciones o Decretos de la Alcaldía, según el fiscal, para "tratar de ocultar la contratación" por parte del secretario, quien tampoco "formuló como interventor ningún reparo a la contratación". Dentro de la maniobra para ocultar el contrato, "tampoco se dio cuenta de la resolución al Pleno del Ayuntamiento" con el fin de evitar que el resto de concejales supiera del fichaje.
A pesar de la que funcionaria titular se reincorporó a su puesto en junio de 2016, los acusados dijeron a la sustituta que "no debía cesar por ese motivo, con lo que la mantuvieron en el Ayuntamiento hasta que el 9 de agosto de 2018 la alcaldesa dictó un decreto para extinguir el contrato laboral a finales de dicho mes; apenas tres semanas después de que dos concejales interpusieran una denuncia ante la Fiscalía Provincial por estos hechos. La vista oral está prevista para este lunes en la Sección Segunda a partir de las 9,30 horas.
