El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidirá el día 22 si da la razón a la Junta de Andalucía y a ecologistas, y obliga al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a rectificar el acuerdo de pleno que califica el Algarrobico como "suelo no urbanizable" para que quede reconocido explicítamente en su planeamiento que el paraje está protegido medioambientalmente "desde 1994".
La sala, que ha aplazado a la semana que viene la deliberación señalada inicialmente para este jueves, dirimirá si se ha ejecutado de forma correcta la sentencia firme de 2018 o si, por contra, tal y como sostienen Gobierno andaluz y colectivos conservacionistas, el acuerdo adoptado en abril de 2023 es "contrario" al fallo que declaró que el suelo sobre el que se construyó el hotel de Azata es zona 'C1' en la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar..
La corrección del controvertido acuerdo de pleno, que se adoptó bajo mandato del PSOE, facilitaría, a juicio de la Junta, anular mediante procedimiento de revisión de oficio la licencia de obras de la edificación.
El TSJA también debe decidir si, como solicita el Gobierno andaluz en su incidente de ejecución, ordena al Ayuntamiento reflejar "en sus documentos" y "en sus decisiones" que en El Algarrobico no se puede construir "desde 1994", fecha en el que entró en vigor el PORN de Cabo de Gata-Níjar.
Cabe recordar que la licencia municipal de obras, que es todavía "plenamente legal" más de 20 años después según sentenció en firme el Tribunal Supremo (TS), se le concedió a la promotora del hotel, Azata del Sol, en 2003. En la misma resolución que la declaró legal, el Supremo obliga al Ayuntamiento a que la revise de oficio ante indicios de nulidad.
El incidente de ejecución sobre el que decide este jueves el TSJA supuso la irrupción de la Junta en un procedimiento que, hasta hace seis meses, solo había impulsado los colectivos ecologistas. Entró en el pleito después de que el acuerdo de pleno fuese remitido para su inscripción en el Registro de Planeamiento a la Consejería de Fomento. La acción de la Junta tuvo como reacción inmediata la personación en la causa de la promotora y de la constructora del hotel.
Sostiene el Gobierno andaluz que el acuerdo de pleno "no ejecuta con la fidelidad debida" la sentencia a la que debe dar cumplimiento y advierte de que, dado que en los terrenos del Algarrobico no se puede construir "desde 1994", el consistorio debe "cesar" todas las actuaciones que, desde esa fecha, "cuestionen su calificación como suelo no urbanizable especialmente protegido".
Por último, traslada que ya advirtió al Ayuntamiento en enero de 2023, cuatro meses antes del pleno municipal extraordinario, de que "debía limitarse a reflejar en su contenido documental la clasificación del suelo que corresponde" y de que se trataba de hacer "un mero traslado de los acordado por el tribunal al instrumento de planeamiento general vigente".
EL PLENO MUNICIPAL RECHAZÓ EN NOVIEMBRE CORREGIR DEL ACUERDO
Con el cambio tras las últimas elecciones municipales en el gobierno en la corporación local carbonera, el nuevo alcalde, Felipe Cayuela (PP), se alineó con la posición del Gobierno andaluz y llevó a un pleno ordinario convocado en noviembre de 2023 una enmienda al acuerdo.
No obstante, no salió adelante debido a los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito, ya que los 'populares' gobiernan en minoría.
El Tribunal Supremo determinó en su última sentencia al respecto, firme, que para que los terrenos de El Algarrobico sean "devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable", es necesario antes revisar la licencia de obras para, así, "garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas".
Si el ayuntamiento declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones promovida por la mercantil Azata, que mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante los tribunales.
