Confirman el archivo de una causa por malversación contra la exalcaldesa de Garrucha

La Audiencia de Almería ha confirmado el archivo y sobreseimiento de la causa abierta contra la exalcaldesa de Garrucha (Almería) María López Cervantes (PSOE) por presuntos delitos de falsedad, contra la administración pública y malversación por el uso irregular de tarjetas de combustible.

En su día, un juzgado de Vera (Almería) abrió diligencias previas contra la exregidora y el secretario municipal tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el concejal del Ayuntamiento de Garrucha Álvaro Ramos, en la actualidad en el equipo de gobierno como socio del PP, motivo por el que fue expulsado de IU.

En dicha denuncia, el edil exponía una serie de presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas de combustible asociadas a los vehículos de titularidad del consistorio garruchero, entre las que incluía "el repostaje excesivo de combustible" por facturar cantidades superiores a la capacidad de los depósitos de los vehículos asociados.

Como ejemplo, el edil señalaba que una barredora con un depósito de 40 litros tuvo asignada dos tarjetas en las que se facturaban repostajes que excedían dicha capacidad y también presentaba el caso de otro automóvil que presuntamente realizaba repostajes "en puntos geográficos lejanos del término municipal sin justificación aparente".

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Almería señala que la Policía Judicial llegó a manifestar "que no se ha podido comprobar la denuncia sobre el posible la utilización por cargos del ayuntamiento o familiares de tarjetas de repostaje asociadas a vehículos del Ayuntamiento, para su uso propio", y añade que "si bien no puede descartarse el uso de las tarjetas de repostaje para uso particular, no existen imágenes, declaraciones, grabaciones que lo justificaran".

"Si lo que pretende es que se lleve a cabo un control circunstancial y exhaustivo de los gastos por repostaje solicitando facturas, autorizaciones,... no es este el marco penal el adecuado. Las declaraciones testificales que pretende del interventor así como del jefe de Protección Civil, resultan innecesarias (...) pues en nada contribuyen al esclarecimiento de los hechos", concluye.