Una juez ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la querella criminal que interpuso un sindicato contra el jefe en la provincia de Almería de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Francisco Llinares, por presunto "acoso laboral personal y laboral" a uno de sus delegados.
En el auto, notificado en diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 señala que los hechos relatados por la Unión Federal de Policía (UFP) "presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal".
La juez, que da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, que acordó sobreseer la denuncia por los mismos hechos, considera necesario la práctica de diligencias para "determinar" la "naturaleza" de las actuaciones denunciadas y las personas que podrían haber intervenido.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la Fiscalía Provincial ya archivó la querella al no apreciar "elementos de ilícito penal" en los hechos después de que se le diese traslado del expediente de carácter interno incoado por la administración a instancias del sindicato.
La denuncia por vía judicial de UFP, presentada en junio ante el Juzgado Decano, describe un presunto "acoso personal y laboral" a uno de los delegados sindicales que se remontaría a 2009 y que, según la denuncia, ha provocado que el afectado esté en situación de baja por "grave deterioro físico y mental" al prolongarse hasta principios del presente año.
La querella asegura que, desde esa fecha, la situación "no sólo no ha cesado sino que ha ido en crecimiento" con el tiempo, y la ubica temporalmente en la toma de posesión de Francisco Llinares, quien, a partir de ese momento, comenzó a "quitar, detraer y restar competencias y funciones" al denunciante "al que --ahonda-- le consta un largo historial intachable, henchido de trabajo, esfuerzo y pleno de éxitos y reconocimientos sin haber sido nunca sancionado, apercibido o expedientado".
Indica la UFP, asimismo, que el demandado modificó en primer lugar el puesto de trabajo del demandado "desplazándolo al despacho de archivo, donde permanece totalmente aislado y sin contacto con el resto de compañeros y que, a continuación, de una manera "arbitraria, caprichosa e inmotivada" le retiró de tareas y funciones que venía desempeñando de forma habitual "con un grave deterioro de su vida personal y familiar".
"PERSECUCIÓN"
Así, la querella, que atribuye la supuesta "persecución" a los escritos de queja y a las denuncias presentadas por los representantes provinciales del sindicato por la gestión del jefe de la Unidad, recoge que se le retiró de los servicios voluntarios y remunerados de contra-vigilancias "por cogerse cuatro días de liberación sindical que le correspondían" o que "tras ocho años realizando las tareas de su puesto de trabajo con el reconocimiento de los jefes anteriores, se le pasó del área de gestión con horario de lunes a viernes al grupo de sala con turno americano sin ningún tipo de aviso y claramente como réplicas a escritos de queja".
La UFP sostiene en la denuncia, asimismo, que el superior del denunciante le habría sometido a "descalificaciones públicas o menosprecios verbales" con frases que expresaban su desconfianza en el trabajo como "parece mentira los años que lleva en la Policía", "es un poco torpe", "es un mal funcionario indeseable" o "quiere destruir el buen ambiente en la unidad". En esta línea, hace referencia, asimismo, a la difusión de rumores que apuntaba que "tenía escondidas las llaves de los armarios de seguridad y una emisora de radio de un coche que no aparecía".
La extensa y prolija denuncia del sindicato describe, asimismo, un presunto episodio en el que el demandando "de forma incomprensible y con la intención de amedrentar y quebrar la voluntad" del afectado, le dijo que si cambiaba de servicio "sin problemas, no le abriría expediente por hechos" que el delegado sindical califica de "completamente falsos".
Al hilo de esto, detalla que el mando habría dado orden a una patrulla para que fuese a buscar a su domicilio y al de sus padres al demandante después de que este no acudiese a su puesto de trabajo por una "lumbalgia", lo que, según indica el sindicato, "constituye un grave atentado contra su intimidad personal y familiar".
La querella concluye que otros representantes sindicales tanto de la UFP como del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de la Policía (CEP) habrían sido objeto de actuaciones similares por desempeñar su labor y solicita la declaración como imputado del jefe de la Unidad Adscrita de Policía Autonómica, la citación de siete testigos y la práctica de numerosas pruebas documentales con oficio a la Junta de Andalucía.
