Andalucía representa el 23,5% de las declaraciones presentadas para liquidar el Impuesto de Sucesiones, 249.030 de un total nacional de 1.059.575, de las que resultaron 261 millones de euros a ingresar, el 14,8% de un total de 1.762 millones de euros, según los datos que figura en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que un conjunto de expertos ha elaborado para el Ministerio de Hacienda y cuya entrega pública a su titular, María Jesús Montero, se hizo el día 3 de este mes de marzo.
En este texto, de 788 páginas, los expertos dirigidos por el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, concluyen que "puede afirmarse que no existe en España un único Impuesto de Sucesiones y Donaciones sino hasta 20 impuestos distintos (si contamos las 15 Comunidades de régimen común, las Diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, la Comunidad foral de Navarra y la regulación estatal)", tras subrayar "la complejidad y conflictividad en su aplicación práctica" que atribuye a la convivencia de normas estatales y autonómicas para su aplicación.
Con datos de 2015 empleados para su comparativa, extraídos de la Agencia Tributaria como fuente, la radiografía que arroja el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria sitúa a Andalucía como la Comunidad Autónoma con más declarantes del Impuesto de Sucesiones, seguida de la Comunidad Madrid (127.715) y Cataluña (117.544), después de representar el 18,4% de los fallecimientos con 72.001 y el 19,3% de la población (8.399.043 habitantes).
Ese peso demográfico de la Comunidad Autónoma no es directamente proporcional en términos económicos. Andalucía representa el 13,4% de las bases imponibles, el 14,8% de la cuota a ingresar, cuando Cataluña supone el 20,1% y Madrid el 19,1%, mientras que el tipo efectivo de la cuota a ingresar es un 3,21% frente al 2,57% de Madrid y el 2,45% de Cataluña.
En el caso de la otra pata del impuesto, Donaciones, inter vivos Andalucía, con datos de 2015, con 11.226 declaraciones es el 7,84% de las 143.182 presentadas en toda España, ámbito del impuesto donde el liderazgo recae en la Comunidad de Madrid con el 31,81% del total.
Con una base imponible de 395 millones y una base liquidable de 129 millones, la Comunidad Autónoma ha representado el 3,12% y 4,94% del total de España, respectivamente, para ser el 12,12% del total autonómico a ingresar por este concepto tributario.
En Andalucía la sucesión mortis causa para los Grupos I y II (descendientes y adoptados menores y mayores de 21 años) tiene una reducción en la base imponible de hasta un millón de euros siempre que el patrimonio preexistente del heredero no supere igualmente la cota del millón de euros.
El Gobierno andaluz tenía previsto recaudar 245,2 millones de euros en 2021 por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, según el Presupuesto del ejercicio, mientras que el avance de liquidación de la Intervención General de la Junta de Andalucía señala que los derechos reconocidos netos es de 328,68 millones.
En la prórroga del Presupuesto de 2021 para este 2022 la Junta de Andalucía prevé ingresar 266,58 millones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
"UNA TARIFA EXCESIVAMENTE ELEVADA QUE NO DEBERÍA SER AGRESIVA"
El Comité de Expertos señala que "la tarifa del impuesto resulta excesivamente elevada", por lo que pida que se reduzca "para no incurrir así en posibles situaciones de confiscatoriedad prohibidas en nuestro ordenamiento".
"La transmisión generacional de bienes de bienes y derechos de padres a hijos (Grupos I y II) no debería ser gravada por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a través de una tarifa agresiva", argumentan los expertos en el Libro Blanco.
Los expertos proponen que el Estado establezca un mínimo exento común para todas las comunidades autónomas, conscientes de que la medida entraña "en aquellas comunidades que han desfiscalizado por completo la tributación de los grupos I y II, la aplicación de la tarifa propuesta, con los límites que se proponen en el apartado 5 de este capítulo, elevaría la carga fiscal del Impuesto".
Los autores del Libro Blanco sobre la reforma tributaria recogen la posición de las comunidades autonómas, entre ellas, Andalucía para apuntar su "oposición al concepto de una armonización fiscal que pueda entenderse como una pretensión a restringir la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos, y que se utiliza para limitar las competencias de las comunidades autónomas en lugar de ampliarlas".
"En suma, tres comunidades autónomas (Andalucía, Madrid y Murcia) se oponen claramente a restringir el ámbito actual de sus competencias normativas en el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones", apunta el Libro Blanco.
El Libro Blanco de la reforma fiscal aboga en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por un tipo de gravamen del 5% para los Grupos I y II en el primer tramo, hasta un millón de euros, que será del 10% para el tramo de entre uno y cinco millones y del 15% para el resto de bases liquidables por encima de los cinco millones.
Para el Grupo III (colaterales de segundo y tercer grado ascendientes y descendientes por afinidad), propone un gravamen de entre el 5 y el 10% para los primeros 500.000 euros para llegar después a un tipo máximo del 15%, mientras que para el Grupo IV (colaterales de cuarto grado y más distantes) prevé llegar hasta un 20-25%.
El comité de expertos propone estudiar suprimir los coeficientes multiplicadores, una iniciativa que ha planteado Andalucía en la fase de consulta pública del Libro Blanco.
