No es por casualidad que mi blog de opinión en este diario ostente el nombre que da título a esta columna de hoy. Me crié en el barrio de La Casería, esa periferia isleña que comparte con Gallineras el sino de ser una punta de nuestra Isla, uno de esos barrios dejados de la mano de Dios o del azar directamente. Mi barrio, además, contaba con el hándicap de ser esa población que estaba “de la estación para allá”, con todo lo que eso suponía en cuanto a marginalidad y abandono hasta hace no tanto tiempo. Una muestra de ese abandono es, precisamente el lugar que da nombre a mi blog y a esta columna: el Cementerio de los Ingleses.
No deja de ser extraño ver un sitio cuya fachada ostenta una placa de mármol que lo distingue como “Lugar emblemático de las Cortes de 1810” y que, debajo de la gloriosa distinción, haya un cartel de “Peligro de derrumbe”. La suma de estas placas viene a significar algo así como “fardamos de lugar histórico mientras dejamos que se caiga a trozos” al igual que dos más dos son cuatro. Y un sonrojo incómodo me llena la cara cada vez que paso por ahí o le enseño el lugar a algún visitante foráneo. Cuando alguien me pregunta por qué no se arregla, simplemente no sé qué contestar. Debe ser que el gasoil está muy caro para mover excavadoras y tirarlo, como se ha hecho con las casetas de La Casería, cuando el tiempo se puede encargar de hacer cumplir la Ley de Costas.
Ya que me sacan ustedes el tema de las casetas, me atrevo a presumir que esa aplicación de la Ley de Costas es, paradójicamente, ilegal. Uno de los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico es el de no retroactividad. Es decir, no puedo aplicar la ley actual a hechos anteriores a la propia ley. Pues miren ustedes, corríjanme si me equivoco, pero esas casetas estaban ahí desde antes de existir una Ley de Costas. Y esto implica que el principio jurídico del que les hablaba queda vulnerado por las acciones que, tristemente, se han emprendido. Dice la web del Ministerio: “La normativa básica de aplicación es la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas”. Yo me bañaba en esa playa antes de la aprobación de esa primera Ley y las casetas ya estaban. Sin embargo, hoy están derruidas, el Bartolo sobreviviendo porque la concesión está en vigor y Casa Muriel en la misma situación hasta que la suspensión cautelar de las medidas a tomar expire. La no retroactividad está recibiendo capones por doquier sin que nadie mueva un dedo. Un bullying leguleyo de manual.
Caray, ya me tiran mucho de la lengua. Esa Ley de Costas parece aplicarse según el caso, ya que el ala oeste de Bahía Sur está a la misma distancia de la línea de pleamar que mantenían las casetas y que guarda el Bartolo y Casa Muriel. Ya no entro en el debate sobre el dinero que genera y los puestos de trabajo que dependen del centro comercial, sino que entro en el agravio comparativo a la hora de aplicar la norma. La Justicia hace tiempo que perdió la venda de los ojos y lleva lastrado uno de los platos de su balanza. Parece que la aplicación de las leyes corriera por cuenta de un sastre, a medida “mireusté”, para ser implacable por una parte y hacer mutis por la otra. Decía, hablando irónicamente de mi querido Cementerio de los Ingleses, que a lo mejor están esperando a que el tiempo y el deterioro lo terminen de derruir.
Ahora que lo pienso, lástima será que ocurra lo mismo con las baterías de Urrutia, que también andan cerquita del mar. Qué pena de nuestra Isla de León, que ve cómo las administraciones se dan tanta prisa en tirar las casetas de los pescadores y darles a cambio unos módulos bien retirados de donde necesitan tenerlos mientras no se toman ningún interés en restaurar y poner en valor nuestros enclaves históricos. Qué coraje da que el Bicentenario de Las Cortes pasara sin que nadie se decidiera a meter mano. Luego dirán que no tenemos turismo mientras dejamos de poner en valor, a merced del tiempo y del pasotismo político, nuestra oferta histórica y cultural. Me despido deseando que esta tendencia cambie y saquemos a relucir nuestro patrimonio, que lo tenemos. A ser posible, antes del Tricentenario: no sea que no tengan entonces muro donde colocar otra plaquita.
