Según los datos facilitados por ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), el 84% de los autónomos han padecido toda suerte de dificultades para acceder a la financiación crediticia, sobre todo por lo que concierne a sus problemas de liquidez.
Otro tanto cabe decir para las Pymes, pues desde el comienzo de la crisis se han perdido 300.000 empresas, y lo peor es que el ritmo de creación de nuevas empresas ha descendido drásticamente. A este panorama se añade la importante caída de sus ventas, que si en el caso de las grandes empresas registró un descenso del 13,3%, para los pequeños empresarios supuso niveles de reducción tan elevados que ni el recurso de reducir márgenes o recortar plantillas les ha liberado de la necesidad de cerrar sus negocios, como bien expresa la cifra anteriormente citada. Y por si aún fueran pocas las dificultades señaladas, hay que considerar, ineludiblemente, las tasas de morosidad que soportan para hacer efectivos sus cobros, circunstancia que agrava de forma definitiva su ya precaria situación.
Entre los mayores deudores de este sector empresarial figuran precisamente la Administración y grandes empresas, ya que, según datos del propio colectivo, la deuda actual asciende a 200.000 millones de euros. Como conocen, la ley marca un plazo máximo de 60 días para hacer efectivo el pago de servicios o bienes facilitados por las pymes a la Administración o grandes empresas, plazo que, obviamente, se incumple repetidamente por las trabas burocráticas que utilizan. Para tratar de aliviar el problema el Gobierno pretende introducir en la nueva Ley de Economía Sostenible una modificación en este aspecto, reduciendo este plazo a 30 días, medida que, a tenor de las experiencias pasadas, es más que probable que no consiga el resultado pretendido. Aunque entre los pequeños empresarios y autónomos aportan dos tercios del PIB de nuestro país, las medidas arbitradas, hasta ahora, por el Gobierno, para animar su actividad económica, no han conseguido, ni mucho menos, este objetivo, padeciendo, como hemos reseñado, los mayores problemas derivados de esta preocupante crisis. A todo esto, ¿no creen ustedes que la medida más efectiva que se podría haber utilizado habría sido liberar los fondos suficientes para saldar las importantes deudas que las administraciones arrastran con este colectivo?, ¿cuántas pequeñas empresas y autónomos habrían evitado el cierre de sus negocios o habrían aliviado su precaria liquidez que los empuja ahora en esa dirección?, ¿cuántos puestos de trabajo se habrían dejado de perder con esta medida? No parece, por tanto, que la sensibilidad del Gobierno en este sentido sea la adecuada. ¿Para qué sirven entonces los numerosísimos asesores con que cuenta el Ejecutivo?
