La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado remitir al Consejo de Gobierno la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea una modificación de la Ley de Educación de Andalucía para bajar las ratios escolares, con el fin de que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración de la misma, "así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".
Así lo acordó la Mesa del Parlamento en una sesión celebrada el pasado 16 de noviembre, según informa este martes el Boletín Oficial de la Cámara andaluza (BOPA) tras conocer el escrito remitido por la Junta Electoral de Andalucía que daba por "cumplidos" en esta ILP los requisitos de recogida de firmas previstos en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.
La Junta Electoral de Andalucía (JEA) acreditó que dicha ILP había logrado reunir las más de 40.000 firmas requeridas para su tramitación en el Parlamento de cara a su debate en el Pleno y acordó el pasado 14 de noviembre elevar a la Mesa del Parlamento "certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la válida presentación de la citada Proposición de Ley".
Tras esa comunicación de la JEA, la Mesa del Parlamento ha acordado publicar dicha ILP en el BOPA y remitirla al Consejo de Gobierno andaluz "para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios", según se detalla en un acuerdo suscrito por el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, fechado el pasado 18 de noviembre y consultado por Europa Press.
Los promotores de esta ILP exponen para justificar su iniciativa que la Ley de Educación de Andalucía "no incluye ningún pronunciamiento sobre una cuestión fundamental que determina en gran medida todos los demás: la relación máxima de alumnado por unidad educativa", y al respecto remarcan que la comunidad autónoma "tiene competencia para rebajar" esas ratios máximas de profesorado "y adaptarlas a la realidad y las necesidades de nuestro territorio".
La comisión promotora de la ILP sostiene que "si hay una comunidad autónoma donde la reducción del número de alumnas y alumnos por unidad escolar es necesaria y urgente es Andalucía, que no solamente está entre las comunidades autónomas con más alumnado por unidad escolar y docente, sino con peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano de todo el Estado".
Además, razona que es "más necesario, si cabe, establecer en la ley de educación andaluza una ratio máxima de alumnado por unidad escolar y docente en lo que se refiere al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales".
Según los promotores de esta iniciativa legislativa, "el descenso de la natalidad en todo el Estado y también en Andalucía hace posible una alternativa de futuro, basada en la reducción de las ratios en todos los niveles educativos para mejorar las condiciones de enseñanza, sin necesidad de un aumento inasumible de la inversión en personal e infraestructuras".
Por todo ello, esta iniciativa legislativa se propone "mejorar el texto de la Ley de Educación de Andalucía, estableciendo en todos los niveles educativos preuniversitarios unas ratios adecuadas a la realidad actual y a las necesidades del sistema educativo andaluz, incluyendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales".