El PP-A defenderá el jueves ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a defender las competencias sobre autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal que consagra el Título VIII de la Constitución Española, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y sus leyes de desarrollo ante las actuaciones impulsadas por el Gobierno de la Nación "de limitar o vaciar de contenido" las disposiciones legales que han permitido bajar los impuestos a los andaluces.
En la iniciativa, también se plantea que el Parlamento considere "muy negativo" para Andalucía el actual sistema de financiación autonómica, al generar un "desequilibrio en el reparto de los recursos del que nuestra comunidad resulta especialmente perjudicada junto con la Comunidad Valenciana y Murcia", y se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que apruebe de manera inmediata un fondo transitorio de nivelación que compense la financiación de las comunidades autónomas que quedan por debajo de la media en términos de habitante ajustado, mientras se configura un nuevo modelo de financiación.
Otra demanda consiste en que la Junta plantee al Ejecutivo nacional que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de manera urgente y multilateral la reforma del sistema de financiación autonómica.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se señala que la Junta haciendo uso las competencias autonómicas en materia de autonomía y corresponsabilidad fiscal que otorga el Título VIII de la Constitución, la Lofca y sus normas de desarrollo, ha venido aplicando desde el año 2019 una reforma fiscal para converger con las comunidades más prósperas y con el régimen fiscal que se aplica en los países de la UE, reduciendo los impuestos de la renta a los trabajadores, autónomos y pensionistas, los que gravan el ahorro, y la imposición sobre el tráfico mercantil que afecta tanto a empresas como a familias.
Dicha reforma, según el PP-A, ha mejorado la competitividad fiscal de Andalucía, y ha generado prosperidad y nuevos recursos, al propiciar el aumento de nuevos contribuyentes, y aumentar la recaudación.
Sin embargo, según se añade, mientras Andalucía utilizaba sus legítimas competencias para bajar impuestos, desde el Gobierno de la nación del PSOE y Unidas Podemos, se han venido lanzando "mensajes sonda sobre la idoneidad de recentralización o limitación de competencias tributarias autonómicas".
Tras la decisión de la Junta de eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía, según se añade, el Gobierno central "ha reaccionado de forma exagerada, contundente y desleal", hasta el punto de "activar la configuración de nuevos tributos que sirvan para limitar o vaciar de contenido las competencias autonómicas".
"Se observa además una situación de agravio comparativo habida cuenta que cuando las comunidades autónomas de régimen foral u otras de régimen común han utilizado dichas competencias para bajar impuestos desde el Ministerio de Hacienda no se ha producido reacción alguna", según el Grupo Popular.
