PSOE acudirá a Justicia si "se constata" ilegalidad en contratos a privadas

El PSOE ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para que la Junta aclare las denuncias de contratos de emergencia con clínicas privadas acogiéndose a un procedimiento ya derogado, asunto en el que esta formación ve "la punta del iceberg" y ante lo que no descarta medidas judiciales "si se constata" su ilegalidad.

En rueda de prensa, el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha vuelto a pedir explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la adjudicación, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, sin publicidad ni concurrencia competitiva, de 226,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes.

Estos contratos de operaciones y pruebas diagnósticas se acogieron a procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia, según ha denunciado elDiario.es, que hoy añade que este tipo de contratos se han prorrogado hasta junio de 2023 con un gasto de 243 millones.

Márquez, que se ha mostrado convencido de que este asunto solo es "la punta del iceberg", ha asegurado que si del análisis de los datos que se están publicando "se constata lo que en estos momentos presumimos", los socialistas "irán al fondo del asunto, tanto políticamente como judicialmente".

Ha anunciado que su grupo presentará una batería de iniciativas para pedir al Gobierno andaluz que explique por qué se contrató expresamente a estas empresas, cuáles fueron los criterios y qué controles se hicieron por parte del SAS.

Igualmente, quiere saber cuál ha sido el incremento del gasto a si se hubiera hecho con concurrencia y por qué se adoptaron estas medidas cuando no hay informes jurídicos que avalen resoluciones "basadas en artículos derogados", además de recordar que las adjudicaciones son contrarias a lo dicho por la Dirección General de Contratación.

De la misma forma, el PSOE llama la atención sobre que el artículo en el que se basan las prórrogas señala que estas se tienen que hacer en los mismos términos que el contrato original, de forma que si los contratos se modifican se tiene que hacer con los requisitos de la Ley de Contratos, que dice que si aumenta un 20 por ciento el gasto se tiene que acudir al Consejo Consultivo, algo que, según el diputado del PSOE, no ha ocurrido.

Este caso, según Márquez, pone de manifiesto un desvío "de cientos millones" de euros a través de las contrataciones "a dedo" a la sanidad privada, y "corrobora" la denuncia del PSOE de que la Junta "ha creado un sistema en fraude de ley, sin transparencia y sin publicidad para desviar fondos de la pública a la privada con la excusa del covid"

"Estamos ante la punta del iceberg de un enorme procedimiento en fraude de ley creado para regar la sanidad privada con la adjudicación directa", ha indicado Márquez, quien ha añadido que esto es una barbaridad que exige de explicaciones "convincentes" por parte del presidente andaluz, quien a su juicio, no debería estar tranquilo.

El Gobierno andaluz deberá explicar por qué se han producido adjudicaciones "a dedo" sin cobertura legal ni concurrencia en más de dos años, por qué se ha modificado el contrato hasta los 227 millones "sin los procedimientos que marcan la Ley de Contratos", y por qué 914 días después se siguen usando contratos "a dedo", según Márquez.

"¿No han tenido tiempo o no han querido? ¿O es que era más cómodo hacer contrataciones directas con controles más laxos?", se ha preguntado el diputado socialista, quien ha insistido en que esto forma parte del proyecto del Gobierno del PP de "desmantelar" la sanidad pública.

Se trata, según el PSOE, de una "operación encubierta, de fraude" para dar millones de euros a las empresas privadas coincidiendo con el "despido" de 8.000 sanitarios.