Ante la incertidumbre y el temor que rodean tanto a la afición como a la plantilla su trabajadores, el Cádiz CF convocó ayer una rueda de prensa urgente en el estadio Ramón de Carranza para aportar algo más de luz a los pasos que se van a seguir para encauzar la situación actual. Justo tras el partido contra el Numancia, que terminó sellando el descenso de categoría del primer equipo, Antonio Muñoz Tapia anunció la próxima convocatoria de esta rueda de prensa para aclarar algo más la situación institucional del club después de que el Consejo hiciera pública su decisión de dimitir.

Así las cosas, ayer fue finalmente el día en que se convocó a los medios para ofrecerles las explicaciones pertinentes. Javier Moyano, vicepresidente ejecutivo del club cadista, y Antonio Muñoz Tapia, nuevo portavoz hasta que se constituya un nuevo Consejo de Administración, explicaron los pormenores de la crisis amarilla.

Lo más destacado de todo lo que comentaron fue que, tal y como adelantó el lunes este medio, una de las posibilidades que se están contemplando es la de acogerse a la Ley Concursal. “La situación económica se complica mucho al haber perdido una categoría deportiva, ya que los ingresos económicos caen en picado, por lo que el concurso de acreedores (Ley Concursal) es “una de las opciones que están en estudio ahora mismo”, desveló Muñoz Tapia, para quien dicha ley es “una herramienta a la que se han acogido muchos clubes, por ejemplo, dos de los que han subido a Primera División”.

Si el Cádiz CF solicitara acogerse a esta ley y su petición fuese aceptada por el juzgado se garantizaría el futuro inmediato del club, ya que las medidas que implica la ley es la llegada de tres administradores concursales para que se hagan cargo de la economía intentando reducir la deuda. El punto más destacado sería que sólo habría que abonar a corto plazo un porcentaje de lo adeudado, pagándose el resto en cinco años y considerándose las deudas contraídas con los futbolistas como “deudas ordinarias”, por lo que se trataría como el resto y también se aplazarían, algo que evitaría descensos de categoría debido a posibles denuncias de los jugadores ante la AFE.
La entrada en la Ley Concursal no influye ni al funcionamiento del Consejo de Administración ni a la política de fichajes, pero sí la afectaría directamente al establecer un plan de viabilidad que se debe seguir a rajatabla y también fija un tope salarial. Las Palmas, Sporting de Gijón, Celta, Málaga, Alavés, Levante, Real Sociedad, Xerez o Murcia son ejemplo de clubes que han pasado o están en pleno proceso de Ley Concursal. Y, curiosamente, dos de ellos han conseguido ascender a Primera División esta misma temporada.

También desveló Muñoz Tapia que “cuando ha habido falta de liquidez en la tesorería del club se han afrontado los pagos de forma personal por el presidente y dos vicepresidentes”, avisando de que “una cosa es que los accionistas sean accionistas y otra cosa es que a título personal pongan su patrimonio a disposición del club; eso va a cambiar”.

Pese a la dimisión del presidente y del Consejo de Administración el pasado sábado, “seguirá en funciones y durante la semana se convocará una reunión del mismo para conformar el modelo de gestión, elegir sus nuevos componentes y el presidente”.

En la comparecencia de ayer se quiso dejar claro que el club no tendrá un “presidente en la sombra y un hombre de paja dando la cara”, al más puro estilo Betis. Así pues, la nueva organización que dirija el club tendrá un “modelo de gestión profesional que intentará llevar el día a día del club rindiendo cuentas de forma periódica a los accionistas”.
“No queremos aferrarnos a la propiedad del Cádiz CF y, aunque el paquete mayoritario de las acciones continúan en nuestras manos, si algún grupo de la ciudad se muestra interesado en hacerse cargo del mismo, estamos dispuestos a traspasarlo por el valor nominal de las acciones, ni un euro más, sin obstáculos”, aseguró el portavoz del club.

Según el cordobés, “las cuentas del club y sus auditorías están registradas y es fácil saber cuál es el balance”, siendo en este momento la prioridad “tomar las decisiones institucionales necesarias para luego dar paso a las decisiones deportivas”. “El organigrama vigente seguirá planificando la próxima temporada”, aclaró.

Advirtió Muñoz Tapia que “lo primero que se debe hacer es poner los cimientos, ya que el club se encuentra en un periodo de transición y no podemos entrar ahora a valorar si vamos a tocar tal o cual cosa ahora mismo porque lo más importante es decidir quién gestionará el club desde esta semana o tras la Asamblea General”. Eso sí, dejó caer que “en una categoría como la Segunda División B resulta imposible seguir manteniendo la estructura actual”.

Tan grave es la situación económica por la que atraviesa el Cádiz CF, que Muñoz Tapia no pudo asegurar ayer que no se vaya a producir un descenso administrativo a Tercera División debido a las deudas que siguen contraídas con los futbolistas de la primera plantilla, que tienen en su mano denunciar ante la Asociación de Fútbolistas Españoles, algo que tiene muchas posibilidades de ocurrir.

“Las deudas hay que pagarlas como máximo el 31 de julio, aún falta tiempo y tenemos muy clara la hoja de ruta a seguir, teniendo que confeccionar los presupuestos para ver en qué situación nos encontramos”, tranquilizó el portavoz, que, sin embargo, tocando el espinoso tema de un posible descenso a Tercera, sólo pudo afirmar que “a día de hoy no se puede asegurar nada, entendemos que los accionistas mayoritarios no van a dejar que eso se produzca, pero no podemos garantizarlo al cien por cien", recalcando que “hasta hace unos días había tres personas que afrontaban todo y ahora esa situación no se tiene; aunque no cabe duda de que siguen siendo accionistas y no van a dejar que la sociedad pase a donde no tiene que pasar, eso es evidente”.

“La situación es muy complicada, pero tenemos claro que vamos a hacer todo lo posible para clarificarla y que no haya mayor problema para que el club siga adelante”, intentó tranquilizar Muñoz Tapia insistiendo en que “Antonio Muñoz Vera no formará parte del nuevo Consejo de Administración, ya ha manifestado su interés en no participar y así se hará cuando se elija a los nuevos miembros en Asamblea”.