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Andalucía

La fianza de Barrientos considera los graves delitos y su capacidad económica

La juez instructora del caso ha establecido la fianza de la medida cautelar tras considerar que los delitos que se imputan están castigados con pena de hasta seis años de prisión.

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La jueza del ‘Caso Astapa’ contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) fijó ayer la fianza de 150.000 euros para permitir la libertad provisional del ex alcalde de esta localidad Antonio Barrientos atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan y su capacidad económica.


Según informaron a Efe fuentes judiciales, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, ha establecido la fianza de la medida cautelar tras considerar que los delitos que se imputan están castigados con pena de hasta seis años de prisión, cuya amenaza entiende suficientemente importante para que exista un riesgo de fuga que se trata de evitar.


Barrientos está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.


La instructora ha entendido que la fianza propuesta por el ministerio fiscal para garantizar la libertad provisional del ex alcalde es proporcionada a la naturaleza de los hechos delictivos y el estado social del encartado que deriva de su capacidad económica deducida de los datos que obran en las actuaciones judiciales, señalan las fuentes.


Se le prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial y se le retirará el pasaporte visto el estado en que están las actuaciones y la capacidad económica del encartado para asegurar que permanecerá a disposición del órgano judicial, además de tener obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados.


El auto es susceptible de ser recurrido, aunque la defensa de Antonio Barrientos y las de los otros tres presos por este caso judicial gestionan ya el pago de las respectivas fianzas de 150.000 euros impuestas y confían en que hoy miércoles puedan salir de la cárcel de la población malagueña de Alhaurín de la Torre donde permanecen.


Se trata de los cuatro únicos imputados que permanecían aún en prisión por este causa: además de Barrientos, dos concejales del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo y Manuel Reina, y el que fuera jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores.

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