El Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid celebrará el próximo 25 de abril la vista de las medidas cautelares solicitadas por el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina contra el PSOE por su expulsión del partido en diciembre de 2022, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La demanda por vulneración de derechos se dirige contra el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y Marta López Expósito. Leguina solicita ser restituido como miembro del partido y una indemnización por daños de 18.000 euros.
El expresidente regional reclama a la Justicia que se declare la vulneración del derecho fundamental al derecho de militancia en el PSOE y que se acuerde la paralización del procedimiento --expediente disciplinario-- por plazo de más de un año.
También quiere que se proceda a la declaración de nulidad de la resolución de 23 de noviembre de 2022 que le suspendió cuatelarmente la militancia y que se reconozca la existencia de daños morales en el derecho de participar en asuntos públicos y cercenando su derecho constitucional a la critica y libertad de expresión.
El PSOE abrió un expediente de expulsión a Leguina y también a Nicolás Redondo Terreros el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, por entender que ambos habían pedido el voto para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acompañaron en un acto de la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La decisión fue adoptada en la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas posterior a estos comicios.
Sin embargo, en septiembre del pasado año, el expediente a Redondo Terreros fue archivado por entender el partido que éste no había solicitado el voto para el PP. En aquel momento, el exdirigente socialista vasco consideró que la decisión de su partido, de archivar el expediente, "apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE", según declaró a Europa Press.
El expediente contra Joaquín Leguina siguió su curso y el expresidente de la Comunidad de Madrid recibió en su domicilio un burofax de Correos en el que se le informaba de que le habían suspendido de militancia.
