Las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo denuncian que el acoso hacia las mujeres que acuden a ellas no ha cesado cuando se cumplen poco más de dos años de la aprobación de la ley que penaliza estas actuaciones, aunque esta sí ha traído "mayor sensibilidad" entre las fuerzas policiales.
Así lo ha señalado, en declaraciones a EFE, el asesor jurídico de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, quien asegura que hay centros como la clínica Dator en Madrid y otros en ciudades como Albacete, Sevilla o Málaga, en los que la presencia de grupos antiabortistas es "permanente".
Este martes, el Tribunal Constitucional estudiará el recurso de Vox contra esta ley, aprobada en abril de 2022, que reformó el Código Penal para castigar estas formas de acoso hacia las mujeres que acuden a abortar y a los sanitarios que practican estas intervenciones con penas de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.
Quienes las ejercen actúan en grupos pequeños, organizados por grupos católicos a través de redes sociales, que acuden a las puertas de estos centros de forma rutinaria y, con más intensidad, durante campañas como la internacional '40 días por la vida', según explica el abogado.
Lo más frecuente es que se pongan a rezar en la puerta de estos centros, aunque también se dedican a obstaculizar la entrada a las mujeres que quieren acceder a ellos, les dan muñecos de bebés para disuadirlas e incluso las increpan e insultan, relata este letrado.
Después de un "pico" de estas actuaciones en torno al año 2010, cuando se aprobó la ley que fijó por primera vez plazos para el aborto libre, estas clínicas han experimentado otro auge en los últimos "cuatro o cinco años", que desde ACAI achacan a una "ola reaccionaria" a nivel global contra los derechos de las mujeres.
Con la particularidad, además, de que en estos últimos años se han observado estos comportamientos en ciudades en las que no se habían registrado antes, como Barcelona, y ya se extienden por "casi todo el territorio".
Como aspecto positivo de la norma aprobada hace dos años, José Antonio Bosch destaca que esta ha traído consigo una "mayor sensibilidad" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y es que, ahora, cuando alguien llama a la Policía para denunciar estas actitudes, los agentes acuden y, a menudo, identifican a los presentes y les invitan a abandonar el lugar, a lo que en ocasiones acaban accediendo, todo ello sin necesidad de que sea la propia víctima la que haga este requerimiento, como ocurría antes.
Pero la posibilidad de que estas acciones sean finalmente castigadas penalmente es muy remota, según la asociación ACAI, que no tiene constancia de que se haya emitido una sentencia condenatoria de este tipo en dos años.
La dificultad reside en que, para que estos episodios tengan recorrido judicial, sí es necesario que la víctima declare, algo que casi nunca ocurre: "Una mujer que interrumpe su embarazo lo último que quiere luego es montar un quinario judicial: ir a la comisaría a poner la denuncia, ir al juzgado a declarar...", explica este abogado.
Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se apoyó en la ley de 2022 para avalar la decisión de la Generalitat de imponer como condiciones para la celebración de una manifestación convocada por '40 días por la vida' que esta no fuera visible ni audible desde los accesos a las clínicas.
La asociación ACAI defiende que la medida más eficaz para evitar estas situaciones es establecer una "zona de seguridad" alrededor de las clínicas, con un radio de 25 o 50 metros de distancia, en la que no esté permitido realizar "ninguna actividad más allá de la deambulatoria", señala Bosch.
