La Unión Federal de Policía (UFP) ha remitido un escrito al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en el que denuncia una serie de carencias de la Unidad Adscrita de Policía a la Junta de Andalucía, como la demora de más de un año del cobro de dietas, debido a una deficiente gestión económica.
En el escrito del secretario provincial de la UFP en Almería, Raimundo Morales, se muestra la coincidencia del sindicato con la falta de efectivos de esta unidad ya referida por Sanz, "con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por debajo del 50 %, y además obsoleto en número de plazas, que debían estar en torno a los mil funcionarios policiales (unos 700 en la actualidad)".
Sin embargo, para la UFP el "problema de fondo" es que durante años la gestión económica de la unidad ha sido un "verdadero despropósito", y pone como ejemplo que la gestión del complemento o gratificación, y las dietas, se retrasan en el pago "a veces en más de un año".
"Es tal el despropósito que por ejemplo este año no ha participado ningún funcionario de Almería, y de otras provincias, en el dispositivo Plan Romero 2024 porque no podían adelantar los funcionarios los más de mil euros que les costaba su participación, para cobrarlo con casi un año de retraso. Todos tuvieron que renunciar a la participación", asegura.
"Nos consta que Hacienda tarda 20 días en librar los importes de las dietas, pero el atranque se produce en gestión económica, que puede tener un retraso de más de 10 meses", apunta.
La UFP sostiene que los agentes de esta unidad sienten en la actualidad "frustración" y una sensación de "abandono por parte de la Junta".
También se refiere a la actualización del complemento que perciben estos agentes, que no ha "acompañado" a la subida del nivel de vida en España, por lo que se reclama a Sanz una subida de éste, de las indemnizaciones y de las dietas que perciben dichos policías.
"Otro punto es el de los importes del complemento de los funcionarios policiales, que se les detrae en caso de incapacidad temporal. Antes iba a una bolsa que repartían entre todos, el último trimestre. ¿A dónde va a parar ese dinero en la actualidad?", pregunta por último la UFP.
La Junta rechaza de plano la denuncia de la Unión Federal de Policía
Ante esta denuncia, la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha negado "tajantemente" que la falta de efectivos en la Unidad Adscrita de la Policía Nacional sea culpa de la Junta, ya que se debe al Ministerio del Interior, que es quien tiene las competencias y quien se niega a firmar un nuevo convenio en el que se prevé un aumento en el número de agentes, el mínimo de 725 agentes que tiene el actual catálogo de plazas.
Desde comienzo de la presente legislatura, seguran desde la Junta, el consejero Antonio Sanz ha traslado cuatro escritos pidiendo al Ministro del Interior la firma del convenio, asumiendo todos los requisitos planteados por el Ministerio en legislaturas anteriores, incluso el 50% de la financiación del capítulo de gastos del personal de la Unidad, hecho que supondrá un gasto de alrededor de 16 millones de euros. Por parte de la Junta de Andalucía se han realizado todos los trámites administrativos para la firma del Convenio, pero no hay contestación por parte del Gobierno de España. Seguimos esperando una pronta respuesta para la firma inmediata del convenio por el que se destinarían más efectivos a Andalucía.
Como se explicó a los representantes sindicales en una reunión mantenida en la Secretaría General de Interior el pasado día 29 de mayo, prosiguen las fuentes de la Junta, el pago del complemento trimestral se ha demorado en este ejercicio debido a un problema con el cierre del ejercicio económico. "Este retraso se solucionará a mediados de junio, con el compromiso que se abonarán todos los retrasos", señalan.
Además, las fuentes desmienten que exista un retraso de más de 10 meses en la tramitación de pagos por dietas o indemnizaciones, "más allá del retraso en la gratificación trimestral que se va a subsanar en breves días", apuntan.
Por otro lado, aseguran que la planificación del Plan Romero se ha efectuado por los mandos de la Unidad, bajo la supervisión de la Secretaría General de Interior, con los recursos existentes en todas las provincias y es totalmente falso que los efectivos que han participado en este Plan Romero 2024 vayan a cobrar con un año de retraso.
Además, el Gobierno andaluz considera "totalmente gratuita", la afirmación de que el sentir de los funcionarios policiales destinados a día de hoy en la Unidad de Policía de la Junta de Andalucía sea de “frustración y abandono”. "El sentir de los miembros de la Unidad es otra, y estimamos desafortunadas tales declaraciones, puesto que la Unidad demuestra su implicación en la capacidad de trabajo y esfuerzo diario. De hecho, hace 30 años empezaron la labor de la unidad con un catálogo de competencias básicas y un perfil administrativo y, a día de hoy, se ha convertido en un gran operativo pionero en asuntos tan actuales como la ciberseguridad,la protección del medio ambiente, la protección de los menores, el juego ilegal, etc", señalan.
Tampoco es cierto, prosiguen, que no se haya actualizado el complemento de los funcionarios policiales destinados en la Unidad de Policía, puesto que "se realiza todos los años conforme a los criterios legales que determina la norma".
