El Ministerio de Economía y Hacienda aclara que el Estado no debe nada a José María Ruiz Mateos

Ante el escrito que D. José María Ruiz Mateos ha enviado a los
titulares de pagarés y participaciones de las empresas integrantes de
Nueva Rumasa, en el que ofrece el pago de los mismos con cargo al
dinero que en su caso debiera hacer efectivo a su favor el Estado,
como consecuencia de transacción judicial o extrajudicial o de una
eventual resolución favorable a sus intereses de diversos
procedimientos judiciales, el Ministerio de Economía y Hacienda se ve
obligado a efectuar tres precisiones:

1ª) Existen más de doscientas sentencias firmes del Tribunal Supremo
contrarias a los intereses de la familia Ruiz Mateos, que se cierran con
el fallo de la sentencia de 22 de noviembre de 2004 del Tribunal
Supremo que fija un valor de cero pesetas como justiprecio del Grupo
empresarial RUMASA. Consecuentemente hasta la fecha no ha
existido, ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de
sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar
cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz Mateos) de
RUMASA.

2ª) Aunque el Sr. Ruiz-Mateos y sus familiares han iniciado
procedimientos reclamando la retasación de las empresas, el único
fallo judicial que ha recaído hasta la fecha (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2010) es contrario a
las pretensiones a la familia Ruiz Mateos, sin reconocer a su favor
derecho de pago alguno. El resto de los procedimientos de retasación
iniciados tienen un planteamiento idéntico al que ha sido desestimado.

3ª) No existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción
judicial o extrajudicial entre el Estado español y el Sr. Ruiz Mateos.

Estos datos, que hablan por sí mismos, deben ser tenidos en cuenta y
valorados por los titulares de pagarés y participaciones de las
empresas integrantes de Nueva Rumasa.

Se reitera que este comunicado se emite en cuanto que el Estado
español es mencionado en la propuesta como supuesto y eventual
titular de unas obligaciones de pago que, desde luego, niega y
combate y que, hasta ahora, han sido totalmente rechazadas por los
Tribunales de Justicia.