La reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España, va a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. Hay razones sobradas para que nos opongamos a una reforma que nace sin el consenso de los sindicatos y desde la imposición. Para empezar, la reforma laboral pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad cuando la realidad es que va a generar más paro, ya que solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. Supone, además, un claro retroceso a los derechos de los trabajadores porque generaliza el abaratamiento del despido a 20 días y abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo, ya que tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad. Se crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones. Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. La reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales. En definitiva, la reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores.
