Como lo prometido es deuda, esta semana me toca reflexionar, en la medida de lo que este espacio me lo permite, sobre la sanidad y los cambios que ésta va a experimentar con la reforma recientemente implementada.
El debate sobre esta reforma se plantea prácticamente en similares términos al que tiene que ver con la educación. Al igual que ésta, la atención sanitaria gratuita y universal estaba también en el punto de mira desde mucho antes incluso de la época de bonanza vivida durante los diez años anteriores a la actual recesión.
Lo que pasa es que entonces, en lugar de la sostenibilidad, lo que se ponía en tela de juicio, por su condición de estatal, eran la calidad y la eficacia de un sistema, que han quedado más que demostradas, y ahora, aprovechando la crisis, lo que se pone en tela de juicio es su viabilidad económica, con el velado propósito de sustituir el modelo a la primera oportunidad.
Hasta la fecha, se había venido manteniendo un equilibro entre el protagonismo reservado al sector público en la prestación de los servicios sanitarios y el permitido al sector privado. Ese equilibrio ha acabado por romperse, lo que incrementa el riesgo de que termine imponiéndose una sanidad para ricos y otra para pobres, como se denuncia, no sin razón, desde la izquierda. Una asistencia sanitaria universal, gratuita y de calidad contra la que competir no interesa a quien hace de la salud su negocio porque le resta clientela. He ahí el quid de la cuestión.
Se habla de recortes, pero las medidas que se han aprobado y que se van a aplicar suponen mucho más que un ajuste meramente coyuntural para superar las dificultades del momento. Ni la sanidad ni la educación son causantes del déficit y, sin embargo, se actúa como si lo fueran, lo que todavía resulta más grave e indignante. Como también resulta indignante, y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, el pretexto de la herencia recibida.
Por mucho que se diga, no es exacto que el anterior Gobierno mintiera al actual respecto al balance de las cuentas de 2011 durante el relevo tras las elecciones del 20-N. Los anteriores responsables de la Administración no pudieron engañar en lo que a esa cuestión se refiere, simplemente porque las cuentas no estaban cerradas y, por tanto, por esos días sólo se podía tener una idea más o menos certera sobre el estado de las mismas en función de los datos disponibles: las previsiones de un presupuesto que ya se sabía desvirtuado por la caída de los ingresos y las estimaciones de las entidades y los organismos nacionales e internacionales que acostumbran a pronunciarse sobre estos menesteres de cuando en cuando, como el BCE, el Banco de España, Funcas, Eurostat, OCDE... De hecho, la contabilidad de un ejercicio anual no se cierra hasta el primer trimestre del siguiente.
Yo creo que el problema está en que hay quien se olvida de que la salud es un derecho básico reconocido en la Constitución, no un bien. Es curioso el proceso al que asistimos de unos años para acá, pero, sobre todo, desde que Obama llegó a la Casa Blanca. En Estados Unidos hay una tendencia a mirar hacia Europa para imitar en parte las políticas sociales que desde hace mucho más de medio siglo en el Viejo Continente se vienen aplicando y, mira por donde, desde este lado del Atlántico resulta que algunos europeos continúan empeñándose en discutir sobre la idoneidad de renunciar a ellas.
La verdad es que esto no hay quien lo entienda.
