El exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz, imputado por el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento, ni a responder las preguntas formuladas por los distintos grupos, al tiempo que ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era "un simple jefe de servicio".
Así se ha pronunciado Diz-Lois en su intervención en la comisión de investigación, en la que ha anunciado que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra este órgano, si se le realizaban preguntas, al considerar que dichas cuestiones podrían "lesionar su derecho a la defensa", así como también sus derechos "al honor, la intimidad y la propia imagen", recogidos en la Constitución.
Por su parte, el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), le ha respondido que la comisión reconoce y respeta su derecho a no declarar y no contestar las preguntas de los grupos, pero que entiende que "no se lesionan sus derechos constitucionales", por lo que procedió a pedir a los grupos parlamentarios que formularan sus preguntas.
