El exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo Juan Márquez ha afirmado en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, "no haber cometido jamás, ni conocido tampoco ninguna ilegalidad" en el departamento en el que prestaba sus servicios, en relación a la concesión de ayudas sociolaborales o a empresas.
Márquez sucedió a Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, en la que permaneció entre abril de 2008 y abril de 2010. Está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, malversación y falsedad, unas imputaciones que están relacionadas con la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por un valor de más de 154 millones.
El exalto cargo, que ha iniciado la tercera jornada de comparecencias de la comisión y, al igual que el resto de imputados que han sido llamados a la misma, se ha acogido a su derecho a no declarar y a no contestar a preguntas, sí que ha insistido en una breve intervención en que no ha cobrado "ni un solo euro en ningún concepto más allá de mi sueldo, ni he tenido conocimiento de que alguien se haya podido lucrar".
Márquez ha dicho respetar la labor de la comisión de investigación creada en el Parlamento, si bien ha señalado que al encontrarse inmerso en un procedimiento penal "en plena fase de instrucción", por razones "elementales" y el consejo de su abogado, ha decidido no declarar ante este órgano, al considerar que ello podría suponer una "lesión" de su derecho a la defensa porque las garantías que le da esta comisión "difieren" de las que tiene en sede judicial.
IULV-CA YA NO "AGRADECE" SU PRESENCIA A QUIENES NO DECLARAN
Ya en el turno de preguntas de los grupos parlamentarios, la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, ha asegurado que ya no agradece, como hacía los primeros días, la presencia de los comparecientes aunque se niegan a responder a preguntas. Y es que, en un su opinión, no están contribuyendo a aclarar y a buscar una "transparencia necesaria".
"La actitud de omisión no puede atentar contra lo que está demandando la opinión pública y que está dejando a la institución por los suelos", ha afirmado Alba Doblas, quien ha considerado necesario que las personas llamadas a la comisión colaboren para "restablecer la confianza en quienes manejan el dinero público". "Los ciudadanos tienen ya muy poco aguante", ha añadido.
Asimismo, IULV-CA ha preguntado a Márquez sobre si despachaba con su antecesor en el cargo, Francisco Javier Guerrero; si conocía que había intrusos en algunos ERE; si recibía instrucciones del exconsejero de Empleo Antonio Fernández; por qué no atendió la sugerencia de una colaboradora para cambiar el procedimiento de concesión de ayudas; o si durante su mandato se inició un proceso para reclamar el reintegro del dinero defraudado.
La portavoz del PSOE-A, Antonia Moro, ha dicho respetar el derecho del compareciente a no responder preguntas, al igual que ha hecho en las jornadas anteriores, por lo que también en esta ocasión su formación va a trasladar a la Presidencia de la comisión un listado con las preguntas escritas para que se le envíen a Márquez y ello conste en acta. En concreto, el PSOE-A le enviará un total de 20 preguntas.
El portavoz del PP-A, Rafael Salas, entre otras cuestiones, ha preguntado al exdirector general de Trabajo por si en alguna ocasión solicitó la participación de un interventor para gestionar la partida 31L para ayudas sociolaborales; si le parece normal que dicha partida estuviera en manos de miembros de la "administración paralela"; o si el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o alguien "en su nombre" le dio alguna instrucción sobre estos fondos.
MORO CRITICA QUE PP-A "INSINÚE" FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE-A
El diputado 'popular' también preguntó a Márquez si creía que podría haber habido "financiación ilegal" del PSOE-A a través de las ayudas sociolaborales. Si bien, esta pregunta provocó que la portavoz del PSOE-A pidiera la palabra para criticar "las insinuaciones" realizadas por los 'populars'. Ante ello, el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), le contestaba que ayer ya se quejó por la misma pregunta y que el compareciente puede "responder o no".
Solo hubo una pregunta que hizo que Márquez pidiera el turno de palabra para mostrar "su rechazo" por la misma, al considerarla "improcedente" y que lesionaba su derecho al honor, "al decir que yo estoy tapando un fraude". Se trataba de una pregunta formulada por el PP-A sobre si ordenó a su colaboradora María José Rofa que "reconstruyera o construyera informes a posteriori de los datos administrativos". García preguntó al PP-A si era una afirmación o una pregunta y Salas contestó que se limitaba a preguntar, "no siendo esto un juzgado, ni yo un fiscal".
Finalmente, en el turno de palabra para cerrar la comisión que tiene el compareciente, Márquez ha reiterado su declaración inicial, al tiempo que ha asegurado que "todas y cada una" de las preguntas que le han formulado durante la presente comisión de investigación ya las ha contestado en sede judicial. Si bien, se ha mostrado a disposición del Parlamento para, "cuando concluya el proceso judicial, poderles dar las respuestas adecuadas".
