El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha asegurado en la cuarta jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza que, a lo largo de sus cuatro años en este cargo, "jamás" ha hecho ninguna "intervención inmoral e ilegal a sabiendas" y que tampoco ha recibido "ni por escrito ni verbalmente ninguna recomendación de quien pudiera certificar o no la legalidad del procedimiento" llevado a cabo para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis y para aprobar los ERE.
En su primer turno de intervención --el cual ha utilizado en su totalidad y, al igual que el exviceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012 Justo Mañas, en el que ha hecho uso de la palabra sin abogado al no estar imputado en esta causa--, Viera, que ocupó la Consejería de Empleo desde abril de 2000 a mayo de 2004 y ahora es diputado del PSOE por Sevilla y aforado, ha negado también haber recibido ninguna recomendación sobre "la legitimidad de los presupuestos o el comportamiento de la Consejería" en este periodo.
"Y cuando digo ninguno es ninguno", ha insistido en esta primera parte de su intervención en la que ha dedicado algo más de 30 minutos a criticar las "acusaciones" que durante estos dos últimos años han salido en los medios para "zarandear" a su persona y a sus familiares más cercanos (en concreto, su hija y su cuñado) y a detallar pormenorizadamente la estructura de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, así como las modificaciones del organigrama de la misma con respecto a la anterior legislatura.
En este punto, y tras contextualizar el "difícil" escenario económico de esa legislatura, con "situaciones tan dramáticas" como las vividas por los trabajadores de Santana Motor en Linares o en la Faja Pirítica de Huelva, Viera se ha referido a la "necesidad que existía de crear un "elemento rápido y eficaz" para "combatir el drama de las pérdidas de empleo" y para "acudir en auxilio de estas empresas porque muchas no tenían siquiera para pagar indemnizaciones" a sus trabajadores.
Así, ha explicado que el convenio marco firmado el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al que se ha referido con ironía como "el que parece ser la piedra filosofal de todos los horrores", "venía a delegar muchas de las competencias en la Dirección General de Trabajo" --liderada entonces por Francisco Javier Guerrero, en prisión provisional--, dándole también al IFA "un papel protagonista en todo esto para que pudieran instrumentarse las ayudas", ha reconocido.
Según el diputado, este convenio fue elaborado entre el gabinete jurídico, los letrados y los técnicos de su consejería -- "porque un consejero es por excelencia un político que, como los ministros, no hace decretos, leyes ni órdenes"-- y aprobado, en su parte presupuestaria, por el Parlamento. "Debemos reconocer que esos recursos utilizados emanaban de esta Cámara, no de un sitio oculto o de un lugar ignorado por el conjunto de la sociedad", ha dicho para defender la "legalidad" de las ayudas sociolaborales a empresas, así como su procedimiento.
"Aquí se traían los presupuestos, las comisiones (parlamentarias) analizaban las partidas; en muchos casos, IU, PP y PA han solicitado el aumento de estas partidas para acudir con mayor abundancia a resolver los problemas graves que había en Andalucía; es decir, que llevaban el trámite establecido en comisión y su posterior aprobación en pleno. Por tanto, quiero dejar meridianamente claro que los recursos económicos utilizados son tan legales como los utilizados en educación, en salud o en asuntos sociales. Ni más ni menos, exactamente igual", ha recalcado con énfasis.
En esta línea, ha afirmado con rotundidad que tampoco "hay ERE irregulares" porque "los ERE son siempre legales" como instrumentos laborales que son y que "nacen cuando hay conflictos entre trabajadores y empresas". Además, ha señalado que solo cuando el acuerdo entre empresa y trabajadores es "definitivo" entra la Inspección de Trabajo, que es la encargada de "inspeccionar de manera personalizada" la lista de incluidos en el ERE. "No los identifica la Junta, sino la Inspección (...) Y con ese informe de la Inspección es cuando la Autoridad laboral dicta una resolución, se aprueba el ERE y se lleva a la Dirección General de Trabajo", ha recalcado para justificar que no hay "ilegalidades" en los ERE sino, en todo caso, "algunas irregularidades en las pólizas" recibidas por los trabajadores.
Sobre este último aspecto, ha negado conocer a Juan Lanzas así como a cualquier otro comisionista y ha recalcado que el criterio para seleccionar las pólizas era "competencia de la Dirección General de Trabajo". Precisamente a preguntas del PP sobre el papel de esta Dirección General de Trabajo y sobre si Viera fue el responsable de mantener a Guerrero al frente de la misma, Viera ha reconocido que lo nombró después de que tanto su antecesor en la Consejería, como el viceconsejero, la CEA y los sindicatos CCOO y UGT "valoraran de forma positiva su trabajo". Sobre él ha hecho recaer también la responsabilidad de
AYUDAS SOCIOLABORALES
Sobre las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, Viera ha insistido en que se concedieron con el "procedimiento legal establecido" para ello y nunca por familiaridad o amiguismo con el PSOE, tal y como le han reprochado tanto PP-A como IULV-CA. Así, y pese a reconocer que tiene una gran "vinculación" con la Sierra Norte de Sevilla, el diputado ha negado su relación directa con la concesión final de las ayudas porque, según ha explicado, una vez que él visitaba las empresas para "darle apoyo político y presupuestario, era la Dirección General (de Trabajo) quien se hacía cargo".
Así, y en respuesta a la pregunta del PSOE-E de si tenía claro que la "delegación de competencias en el otorgamiento de ayudas con cargo a la partida 31L (conocida como el fondo de reptiles) estaba ajustada a la normativa vigente", Viera ha contestado con firmeza: "totalmente".
Durante la ronda de preguntas ha negado, asimismo, que estas ayudas se otorgaran discrecionalmente como ha señalado el PP-A porque, a su juicio, éstas estaban avaladas "por un procedimiento que pasa por la Intervención General, la Cámara de Cuentas, el Parlamento y por numerosos juristas y funcionarios". Sin embargo, a la pregunta del portavoz 'popular' Rafael Carmona de si el referido convenio marco de 2001 pasó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha dicho que "no lo recuerda".
En este contexto, Carmona ha querido saber "por qué no le daban publicidad" a estas ayudas sociolaborales a empresas y "por qué no había ningún formulario" o "norma" publicada públicamente para que cualquier empresa o empresario a título individual en crisis pudiera acogerse a las mismas. Tras señalar que de estas ayudas "para situaciones límite" se tenían "referencia" a través de los medios de comunicación, Viera ha insistido en que dicho convenio "ha pasado por este Parlamento, por la Intervención General, por la Secretaría General Técnica, por la CEA, por los sindicatos... Es decir, que durante cuatro años ese convenio que es el que da pie al trabajo posterior, nunca ha tenido ni una sola referencia negativa de la Intervención".
Finalmente, y después de que los tres grupos parlamentarios hayan hecho uso del segundo turno de preguntas para profundizar en el hecho de si las ayudas se concedían "sin control" y/o "a discreción", Viera ha hecho un alegato en defensa de la política y ha reiterado que "jamás" ha hecho "una intervención inmoral o ilegal a sabiendas", por lo que ha reivindicado su derecho a la presunción de inocencia.
