Las dos asesinas de Klara García disfrutan de libertad desde 2006

La muerte de Clara García Casado, en el mes de mayo de 2000 a manos de sus compañeras de clase, Iria y Raquel, consiguió la movilización de San Fernando pidiendo una reforma de la entonces incipiente Ley del Menor -las asesinas de la joven isleñas fueron las primeras juzgadas con esa Ley- e incluso un organizado movimiento reivindicativo a nivel andaluz con manifestación en Sevilla, unidos familiares de diversos casos ocurridos próximos en el tiempo. 

El asesinato de la niña Mari Luz, en Huelva, recientemente, propició que sus padres y miles de onubenses, a los que se sumaron testimonios a favor de toda España, pidieran la pena de muerte para determinados tipos de delitos, con entrevista de los padres de la niña con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

La muerte de Marta del Castillo, todavía sin aparecer su cadáver, ya ha desencadenado una oleada de protestas, manifestaciones, concentraciones y muestras de adhesión que piden un endurecimiento de las penas hasta la cadena perpetua, tal fue la última manifestación en Madrid. 

Las peticiones tienen más eco en función de que las víctimas sean jóvenes y dobles connotaciones si tanto víctimas como asesinos son menores o jóvenes, no en vano porque esa Ley del Menor que ya en el año 2000 se pedía que se cambiara y que además se dotara de medios tanto a los Juzgados como a los establecimientos en los que los jóvenes tenían que cumplir las penas, sigue al día de hoy soportando importantes carencias mientras que no disminuyen los delitos con menores involucrados como protagonistas.

Una larga lista
Una muestra de ello es la lista que comenzando en el Barrero en el año 2000, sigue en Barcelona en diciembre de 2005, donde Orial Plana, de 18 años, Ricard Pinilla, de 18 y Juan J. M., de 17, queman viva a una indigente en un cajero de la ciudad condal. O en esa misma ciudad, en enero de 2006, donde un joven de 26 años golpea a los transeúntes y los graba como trofeo. 

Un niño de 11 años es golpeado por varios compañeros en el Colegio Suizo de Alcobendas en junio de 2006 y en octubre de ese año, un ex alumno del Instituto Haygón de Alicante propina una paliza a un profesor mientras su compañero grababa la escena. En febrero de 2008, un menor de 14 años mata de un escopetazo a su madre en Granada. 

Como ejemplo genérico de esa otra violencia solapada por las propias familias hasta que el resultado es de sangre, está el centro de rehabilitación El Laurel, en Madrid, único en España para niños que agreden a sus padres. Está desbordado, de la misma forma que lo están otros centros para otras circunstancias específicas e igual que lo están los propios Juzgados que no encuentran colaboración de los ayuntamientos para que los jóvenes condenados por otros delitos no de sangre, puedan cumplir las penas a través del trabajo social. 

A estas alturas de 2009, lo mismo que se pedía en el año 2000 en las manifestaciones en San Fernando y en Sevilla y en los muchos actos en los que los padres de Clara García Casado defendían esa reforma de la Ley del Menor, hay quienes están de acuerdo con rebajar la edad penal y quienes no -y se habla de especialistas, no de declaraciones viscerales-, mientras que cada uno de los delitos que se cometen, con menores como protagonistas o sin ellos, mueven a la gente a exigir más castigo.

De 25 a ocho años
Iria y Raquel se vieron beneficiadas de la Ley del Menor, recién aprobada, y se acogieron a ella. Los padres de la víctima ni siquiera pudieron asistir al juicio celebrado en Cádiz y se tuvieron que conformar con expresar su protesta ante los medios de comunicación de toda España que se dieron cita en la capital de la provincia. 

La Fundación Klara García -Klara con K, que era como ella escribía su nombre- se movió durante unos años hasta que desapareció, aunque en el Instituto Isla de León, en el que estudiaban las asesinas y la víctima, se mantiene un día dedicado a su recuerdo, pero cada vez son menos los alumnos que recuerdan esa triste efeméride y la conmemoración se enfoca a un alegado contra la violencia. 

Pero casi nada de lo que se hizo, las manifestaciones, las declaraciones, el trabajo de la Fundación, sirvió para nada. Es verdad que ha habido cambios en la Ley del Menor pero su aplicación sigue adoleciendo de falta de medios. Y nada más. 

Iria y Raquel se enfrentaban a una pena de 25 años de prisión y gracias a la nueva Ley se quedó en ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada, el máximo que se podía aplicar. Hoy en día Iria tiene 25 años y Raquel 26 y viven en libertad desde 2006. Vigilada, pero en libertad. 

Raquel estuvo en un centro de Madrid llamado Los Madroños, donde con el tiempo asumió la mostruosidad de lo que había hecho. Luego se interesó por la peluquería, encontró novio y trata de enderezar su vida, obviamente y si ella misma lo reconoció a los psicólogos, con el peso de su atrocidad a cuestas. 

Iria también vive en libertad e incluso comenzó a estudiar Psicología, aunque tardó más en asumir lo que había hecho. Luego terminó afincándose en Vigo, donde parece que vive junto a su madre. 

Nada ni nadie ha movido lo que dictaminó el juez en marzo de 2001. Ninguna manifestación ha cambiado las cosas ni posiblemente las cambie, lo que no quiere decir que sean baldías. Simplemente que la Ley se renueva de otra forma y jamás desde la visceralidad. Por muy subjetivamente justificada que esté 

El 20% de los jóvenes justifica la violencia
Iria y Raquel asestaron 32 puñaladas a Clara García Casado en la mañana del 27 de mayo de 2000 en el ahora Parque del Barrero, antes un descampado. Lo hicieron simplemente para saber qué se sentía matando a una persona. Se dice que lo intentaron aleatoriamente en el centro comercial Bahía Sur pero sin suerte y al final fue su mejor amiga la víctima. 

Se han escrito ríos de tinta sobre las motivaciones de este crimen, sobre cómo se llega a ese momento, qué camino se sigue para desembocar en una acción para el resto de las personas sencillamente incomprensible, pero lo seguro es que hay un camino por el que se llega a la barbarie y eso lo demuestran los peritos que se sientan en los juicios a explicar cómo comenzó y terminó el camino. 

Hay más datos, oficiales, sobre ese 20 por ciento de jóvenes entre 12 y 16 años que justifica la violencia, según un informe del Centro de Estudios Reina Sofía. Casi un 13 por ciento de esa quinta parte de los jóvenes se considera agresor o utiliza armas intimidatorias; al 59 por ciento de los agresores les gustan las actividades de riesgo, el 41 por ciento consume viodeojuegos violentos y el 39 por ciento siente miedo y rabia sobre los demás. ¿Caldo de cultivo? Quién sabe.