El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha presentado una demanda por despido improcedente contra la compañía gallega, en la que ha desarrollado su actividad durante casi 40 años, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la pesquera.
En concreto, Fernández de Sousa y la firma gallega, en la que ha trabajado desde 1977, celebraron la semana pasada un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Vigo, que terminó sin acuerdo y en el que el expresidente de Pescanova defendió su condición de trabajador de la compañía durante 37 años.
Fernández de Sousa, que cuenta con un 7,515% del capital de la gallega, presentó su dimisión como presidente de la compañía el pasado 17 de julio después de conocerse el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la pesquera española, que revelaba que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula directiva.
Un día después de presentar su renuncia, el expresidente de Pescanova aseguraba no que no recibiría indemnización alguna ni tendría derecho a paro, al no tener cláusula de blindaje "de ningún tipo", después de 37 años al servicio de la compañía gallega, en la que, según señaló, dejó de percibir su sueldo dos meses antes, concretamente desde mayo.
En concreto, Deloitte, administrador concursal de la firma, dejó de abonar la retribución de Fernández de Sousa como director general de la firma, retribución que compatibilizaba con la derivada de su condición de miembro y presidente del consejo de administración, tal y como recoge el informe concursal.
El expresidente de la firma gallega percibió en 2011 en su condición de consejero ejecutivo un total de 989.000 euros, frente a los 693.000 euros de un año antes y a los 620.000 euros que cobró en 2009, lo que supone un incremento de casi un 60% en tres años, según consta en los informes de gobierno corporativo de la pesquera correspondientes a dichos años.
CONVENIO DE ACREEDORES Y PLAN DE NEGOCIO.
La compañía gallega, con una deuda de 3.674 millones de euros, está inmersa en reuniones con la banca para lograr que el convenio de acreedores esté listo en los próximos dos meses, una vez que que se concluya el plan de negocio que elabora la consultora PwC, que podría estar listo a finales de esta semana, en el que se determinará la deuda soportable y las necesidades de liquidez de Pescanova.
Según las primeras conclusiones de dicho plan, que se presentará en el consejo de administración la próxima semana, Pescanova cuenta con capacidad para seguir adelante "sin liquidarse, ni trocearse", sin necesidad de ajustar su estructura en España, y en el caso de que fuera necesario, con la venta de activos o filiales en el extranjero no estratégicas.
El convenio de acreedores para hacer frente al 'agujero patrimonial' de 1.667 millones de euros de la firma gallega combinará la quita de deuda, la capitalización de pasivo y la entrada de nuevos socios.
"Las tres palancas que se van a utilizar se centran en la entrada de dinero fresco con nuevos socios, la capitalización de pasivo en acciones y la quita", han explicado fuentes cercanas a la negociación.
Las mismas fuentes han asegurado que la compañía dispone de liquidez para aguntar hasta final de año, sin que existan tensiones de tesorería, ya que la firma está exigiendo incluso a sus clientes el pago al contado y el pago aplazado a proveedores con el fin de "proteger" su liquidez.
