El expresidente de El Monte José María Bueno Lidón se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, según han informado a los periodistas fuentes del caso.
Las mismas fuentes han precisado que el expresidente de El Monte, que ha sido imputado al haber formado parte de distintos consejos rectores de IFA/IDEA, se ha acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para él.
También ha comparecido este miércoles ante la juez Mercedes Alaya la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís, quien igualmente se ha negado a declarar y para quien el Ministerio Público no ha pedido medida cautelar alguna.
La juez también había citado para este miércoles a otros dos imputados que, igualmente, formaron parte entre los años 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, la entidad pagadora de las ayudas investigadas, como son Rafael Herrera Gil, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004, y Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.
El primero de ellos no ha comparecido ante la magistrada alegando motivos de salud, mientras que Juan Carlos Soriano tampoco ha acudido a su cita con Alaya al encontrarse fuera de Sevilla.
MEDEL, EL 5 DE JUNIO
También estaba prevista inicialmente para este miércoles la declaración del presidente de Unicaja, Braulio Medel, pero la juez accedió a suspenderla hasta el próximo día 5 de junio debido a que el abogado tenía que asistir este mismo miércoles a un juicio fijado de antemano.
Respecto a Bueno Lidón, que fue secretario general de Industria hasta 2001 y a partir de 2002 presidente de El Monte de Huelva y Sevilla, la magistrada señala que asistió en total a 26 sesiones de las 32 analizadas del Consejo Rector de IFA, en las que se le dio cuenta "mediante concreta información" de la firma de 60 convenios suscritos entre IFA/IDEA y la Dirección General de Trabajo "para el pago de subvenciones comprometidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación".
"A ninguno de dichos convenios, ejerciendo su labor de control, opuso reparo alguno", asevera la magistrada, quien añade que "existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la Consejería de Empleo" en la sesión de 11 de junio de 2007 por importe de 58 millones de euros, "y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once convenios entre la Dirección de Trabajo e IDEA".
Hay que recordar que, en total, la juez ha citado a declarar a 25 imputados a lo largo de esta semana, aunque los primeros once imputados que han comparecido ante la magistrada se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.
