La acusación particular ha solicitado 40 años de prisión para un empresario agrícola marroquí afincado en Cartaya, acusado de tratar como esclavos a varios compatriotas suyos a los que engañó para que vinieran a trabajar a España.
El escrito de la acusación que representa el Bufete Osuna, al que ha tenido acceso Efe, considera que esta persona es responsable en concepto de autor de quince delitos contra los derechos de los trabajadores tipificados en varios artículos del Código Penal, por lo que solicita dicha pena de prisión más multas por 6.000 euros.
Además, lo considera responsable de cinco faltas de amenazas, por las que pide multa de 120 euros por cada una y otra falta de lesiones, para la que fija una cuantía de 360 euros.
En concepto de responsabilidad civil, entiende la acusación que el empresario deberá indemnizar, en concepto de daños y perjuicios, a cada uno de los cinco perjudicados en la cantidad de 60.000 euros.
LOS HECHOS
En el relato de hechos explica que sus cinco representados trabajaban a principios del 2008 en una empresa textil en Marruecos, cuando supieron que el acusado estaba buscando trabajadores para su fábrica en España, y les pidió 7.500 euros para sufragar gastos derivados del viaje, al arrendamiento de la vivienda en la que se iban a alojar en España, y los gastos de gestión de los permisos de trabajo y residencia.
El acusado les ofreció un sueldo de 1.500 euros al mes, trabajando la jornada laboral establecida en España, que era con categoría de especialistas en textil, que les proporcionaría una vivienda y que los domingos sería su jornada de descanso.
Una vez en Cartaya, esos compromisos no fueron cumplidos, ya que desde el primer día las jornadas laborales fueron de doce a quince horas diarias, recibiendo amenazas constantes con despedirlos y les impedía que tuvieran trato o conversación con los otros trabajadores y en ocasiones llegó a maltratarles físicamente y a vejarles, golpeándoles y escupiéndoles a la cara.
El trabajo se realizaba en unas condiciones infrahumanas, en un garaje de 60 metros cuadrados, sin ventilación, sólo con luz artificial y el único salario que percibieron en el tiempo que estuvieron trabajando para el acusado fue de 200 euros.
El acusado se encontraba en paradero desconocido y hace poco fue detenido y está en prisión hecho que ha motivado que el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, que instruye la causa, haya fijado el juicio para el próximo 24 de noviembre.
