El Gobierno andaluz ha instado este miércoles a su Gabinete Jurídico a iniciar las "acciones oportunas en defensa de los intereses públicos" para personarse en la causa que investiga el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, sobre las presuntas facturas falsas en cursos de formación del sindicato UGT-A.
Así lo anuncia la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado en el que informa de que se ha ordenado al Gabinete Jurídico que analice "los posibles perjuicios para la administración" para personarse en la causa "una vez que los procedimientos judiciales lo permitan" y garantiza que "como siempre, la Junta colaborará en todo lo que le sea solicitado y contribuya a acelerar la acción de la Justicia".
Junto a ello, el Gobierno andaluz asegura que "continuará en el ámbito administrativo con el análisis de los expedientes correspondientes ejercitando las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye en el ámbito de la normativa de subvenciones" con el objetivo de "obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato".
En este sentido, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado este miércoles en el proceso de revisión de expedientes iniciado por su departamento --en algún caso a principios de año--, UGT-A dispone de un plazo de 12 meses desde que se abre el expediente para que se acometa o no el reintegro solicitado de las ayudas.
Según ha recordado Sánchez Maldonado, a día de hoy la Consejería tiene solicitado un reintegro de 1,8 millones de euros a UGT y actualmente está en el período de que el sindicato puede hacer las alegaciones que crea conveniente, justificar documentación o no "y remitir los papeles que considere pertinentes".
La decisión de dar luz verde a la personación de la Junta en la causa, que había sido reiteradamente solicitada por el PP-A, se produce tras la detención de 16 personas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Cirene'.
De hecho, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró este martes que la Junta esperaría a la "evolución de los acontecimientos y de la instrucción judicial" para que sus servicios jurídicos decidieran si la administración autonómica se persona en la causa que investiga la existencia de presuntas facturas falsas en cursos de formación organizados por UGT-A.
